POLÍTICA
¿Por qué Podemos niega tener una marca andaluza?
Una denuncia al juzgado de exediles de la formación argumenta que el nombramiento de Teresa Rodríguez no es válido
Podemos Andalucía «no existe». Esa es la principal defensa de la formación ante la demanda civil en el Juzgado de Primera Instancia 17 de Málaga. Varios exediles morados en la Costa del Sol piden al tribunal que suspendan todos los procesos electorales internos dentro de la facción andaluza desde noviembre de 2016. Solicitan que se revoquen también los efectos de los mismos, como sería el nombramiento de Teresa Rodríguez como secretaria general del partido , cargo que ahora se llama coordinadora general. Y ante la posibilidad de una condena civil por vulneración de los derechos fundamentales, la formación niega su existencia.
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Esta afirmación la hacen constar en el escrito de contestación a la demanda impuesta la procuradora María Esther Clavero Toledo y el abogado Luis María de los Santos Castillo. Aseguran que «Podemos Andalucía como entidad jurídica no existe», situando a la formación debajo del paraguas de Podemos nacional. Es la estrategia para legitimar las elecciones sin tener los órganos de control constituidos y evitar una suspensión.
El comité de garantías democráticas de Podemos Andalucía se disolvió por la dimisión de sus miembros
El enredo comienza en octubre de 2015. El comité de garantías democráticas de Podemos Andalucía se disolvió por la dimisión de sus miembros. Un grupo de militantes, entre los que se encontraban los portavoces municipales Francisco Martínez (Mijas) y Pedro Pérez (Fuengirola), junto con Félix Gil, secretario general de Costa del Sol Sí Puede –confluencia para las municipales– en Benalmádena exigió el nombramiento de un nuevo comité de cara a las primarias en las que Rodríguez se presentó a la reelección. Pero no se produjo. El proceso de primarias y la elección del comité se hicieron al mismo tiempo en la II Asamblea andaluza el 9 de noviembre de 2016. Los ediles denunciaron la situación en un contencioso-administrativo, que se declaró incompetente, y recurrieron a la vía civil, donde habrá vista previa al juicio entre los demandantes y los representantes del partido el próximo 9 de abril.
Allí los abogados del partido argumentarán que «el partido político Podemos tiene una sola personalidad jurídica con un solo C.I.F.». Pese a que sí existe «una cierta descentralización de la organización a niveles territoriales» . Pero el escrito, al que ha tenido acceso ABC, remarca que no hay «distintas personalidades jurídicas», sólo representación de los distintos secretarios generales en el territorio. Por lo que Podemos Andalucía no existe y Teresa Rodríguez es la representante de Pablo Iglesias en la región . Esta línea de defensa hace que Podemos Andalucía se sitúe bajo los órganos internos de Podemos nacional, sin necesidad de tener los suyos propios.
Los abogados concluyen que ante la ausencia del comité en Andalucía era el estatal el que se ocupó de garantizar que se preservaran los derechos fundamentales de los afiliados en las elecciones internas. Los letrados de Podemos aportan un certificado firmado por Pablo Fernández Alarcón, entonces miembro del consejo de garantías democráticas estatal , en que se dice que es este organismo el que vela por el proceso y que tiene potestad según los estatutos para ello.
Amenazas y acoso
Sin embargo, en la demanda, a la que también ha tenido acceso ABC, se denuncia que no se garantizó un transcurso democrático de las elecciones y enumeran casos de coacción, acoso y derribo, amenazas y «bullying» en toda Andalucía desde ciertos sectores del partido hacia los afiliados, cargos públicos o internos. Los ediles malagueños, que mantienen el pulso a la dirección regional, pese a haber tenido que dimitir de sus cargos orgánicos , denuncia que no se instruyeron los correspondientes expedientes disciplinarios contra aquellos afiliados que «se dedican a amenazar o agredir impunemente a sus compañeros de partido». Pese a que la denuncia se dirimirá en Málaga, los acusados relatan una serie de situaciones de «acoso, insultos y escraches en las puertas de los domicilios» por toda Andalucía.
