CASO ERE ANDALUCÍA
El perito judicial declara que Álvarez y Griñán pudieron haber frenado las irregularidades en el caso ERE
Turrión señala también a la falta de actuación del interventor, los consejeros de Empleo y de Innovación y otros ex altos cargos de Hacienda
Ningún ex alto cargo de la Junta de Andalucía acusado en la pieza política del caso ERE ha salido bien parado en la sesión de este miércoles centrada en el debate jurídico de los peritos. El fiscal ha preguntado a Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos judiciales que analizó las 270 ayudas concedidas a empresas en crisis y prejubilados, sobre lo que pudieron hacer y no hicieron los distintos responsables de las consejerías y de la agencia IFA/IDEA para frenar las irregularidades.
Ninguno de los acusados mencionados hasta ahora ha salido indemne en el diagnóstico de los tres interventores del Estado a los que el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y el Tribunal Supremo encomendaron realizar los informes periciales que obran en la causa de los ERE desde el año 2013. Entre los que no hicieron lo que debieron están los titulares de la Consejería de Hacienda que se sientan en el banquillo, Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán , presidente de la Junta desde 2009 hasta 2013, cuando dimitió para evitar «la erosión» del caso ERE.
El perito de auxilio judicial ha defendido que en el caso de que hubieran conocido los informes de control financiero permanente de la Intervención de la Junta sobre el IFA/IDEA que alertaron del uso inadecuado de las transferencias de financiación para conceder y pagar subvenciones, el consejero de Hacienda «pudo haber sometido al Consejo de Gobierno andaluz» presidido por Manuel Chaves (también acusado) «aquellos resultados» de los informes dado su interés y repercusión para que «pudieran adoptar» determinadas actuaciones.
El experto de la Intervención ha añadido que el consejero de Hacienda tiene « la competencia de velar por la ejecución presupuestaria y los derechos económicos» de la Comunidad Autónoma, según la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Dilucidar si tal procedimiento fue delictivo o no hasta propiciar un fraude valorado por la Fiscalía en 741 millones de euros es la tarea que tiene el tribunal que debe emitir la sentencia.
Turrión apoyó su afirmación en un artículo del reglamento de la Intervención General de la Junta que suscitó opiniones discrepantes de los peritos del Estado. Juan Antonio Carrillo, perito propuesto por la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo alegó que dicho artículo está derogado por otro decreto de 1999.
Juan Zornoza, perito propuesto por Griñán, ha manifestado que el consejero de Hacienda « no podía hacer nada porque nada tenía que hacer a la vista del procedimiento reglado establecido» en el citado decreto. En la hipótesis de que hubiera conocido las irregularidades a la vista del contenido del informe adicional de 2005 que detallaba casi una veintena de deficiencias, los responsables serían quienes «cometieron las infracciones o adoptaron las órdenes de pago».
Zornoza sostuvo que el consejero de Hacienda «nada tenía que hacer porque nada conoció» al no recibir el citado informe adicional remitido a la viceconsejera Aguayo para su traslado al consejero de Hacienda.
A juicio del perito de auxilio judicial, atendiendo a sus competencias y nivel de responsabilidad pudieron actuar ante las irregularidades el interventor general de la Junta de Andalucía, el director general de Presupuestos , el consejero y viceconsejero de Empleo, el secretario general técnico de esta última consejería, el viceconsejero y el consejero de Hacienda, el consejero y viceconsejero de Innovación y los directores generales de la agencia pública que pagaba las ayudas que Empleo concedía.
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