Los partidos de Huelva llevan 11 años repartiéndose dinero que recaudan por el agua y la basura
La Junta de Andalucía declara ilegal las asignaciones que fijó la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva
La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha estado repartiendo de manera irregular asignaciones económicas a los principales partidos representados en los 67 ayuntamientos adscritos a esta entidad pública desde el año 2011. Dicha aportación recogida en los estatutos de esta corporación local fue eliminada el 17 de junio de 2016 porque vulneraba las leyes estatales y autonómicas. El dinero que se distribuía a los partidos ha salido de los ingresos que la mancomunidad recibe de la empresa Giahsa, a través de los recibos que pagan los contribuyentes por los servicios que presta: el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas y la recogida y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. La mancomunidad ingresa 3.659.362 según sus últimos presupuestos, de los que 3.543.830 euros provienen directamente de Giahsa.
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La Junta de Andalucía ha concluido que dicha asignación económica «carece de apoyo legal» e insta a la mancomunidad controlada por el PSOE a anular, «en el plazo más breve posible», un acuerdo adoptado por dicha entidad el 29 de julio de 2019 , que trató de dar apariencia de legalidad al reparto de cuantías.
La Junta pone de manifiesto que su misión es «la prestación de un servicio de competencia municipal y de cuyos órganos representativos no deben formar parte los grupos políticos
En una resolución avanzada por El Mundo y facilitada a ABC, el delegado territorial de Turismo Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Alfredo Juan Martín Porrino, considera ilegal que se conceda una asignación a «grupos políticos con representación en el Pleno de la Mancomunidad», cuando ésta fue suprimida «expresamente» de sus estatutos en el año 2016 , «al no ser acorde con la normativa estatal ni autonómica vigente sobre la materia». La MAS «no es una corporación local» al uso, como un ayuntamiento, sino una «entidad local de cooperación territorial», aclara. La Junta pone de manifiesto que su misión es «la prestación de un servicio de competencia municipal y de cuyos órganos representativos no deben formar parte los grupos políticos, sino sólo los representantes de los municipios mancomunados».
La Delegación Territorial de la Junta responde así a una denuncia presentada por el grupo independiente Unidos por Punta Umbría (UPU) ante la Administración autonómica y la propia mancomunidad. En su escrito de denuncia, el grupo municipal que lidera José Carlos Hernández Cansino argumentaba que la constitución de grupos políticos, a la que alude un acuerdo del pleno de la mancomunidad celebrado el 29 de julio de 2019, «es un pretexto» para «poder enmascarar asignaciones económicas bajo la excusa de la asimilación al régimen de las diputaciones o los municipios de los grupos políticos». Lo hace, prosigue su escrito, «sin amparo estatutario, para enmascarar una financiación ilegal o encubierta de los partidos políticos que representan».
El quid de la cuestión está precisamente en el destino que haya podido tener el dinero público distribuido. Desde UPU, que no ha recibido aún respuesta de la mancomunidad a su denuncia, plantean que «tales asignaciones, según han publicado distintos medios de información», se han empleado en «actos de campaña electoral de los partidos sin control de las limitaciones sobre gastos electorales y sin fiscalización del Tribunal de Cuentas».
En el acuerdo impugnado se establecía «una asignación fija para todos los grupos políticos con representación en el Pleno de la mancomunidad: 22.500 euros anuales para cada grupo ». En el caso del grupo mixto se distribuye una cantidad proporcional al número de habitantes que representa cada alcaldía. También se aporta una asignación variable, consistente en una cuantía de 700 euros multiplicada por el número de concejales obtenidos por cada formación presente en la MAS, que está integrada por los municipios.
Reparto por concejales
Según reza en el acuerdo consultado por este periódico, el PSOE, que en 2019 tenía 377 concejales, recibiría 263.900 euros anualmente . Son 1.055.600 euros al cabo de cuatro años. El PP, con 130 ediles, obtiene una asignación anual de 91.000 euros; Adelante Andalucía, 33.600 euros; IU, 4.900 euros; Independientes por Huelva, 20.300 euros y Ciudadanos, 28.000 euros por sus 40 concejales. Sin embargo, el partido liberal renunció a dicha asignación.
La pelota está ahora en el tejado de la mancomunidad. Si admite a trámite la revisión de oficio solicitada por UPU, deberá requerir un informe preceptivo al Consejo Consultivo andaluz. En el caso de rechazarla, este grupo independiente acudirá a los tribunales.
