¿Qué opinan desde Andalucía los partidos sobre la financiación autonómica?
La gestión de los impuestos y el modelo fiscal es el núcleo de debate para el nuevo reparto de los fondos
El objetivo es lograr una propuesta común que sea la voz de Andalucía. Es lo que dice pretender Susana Díaz para llegar reforzada a la negociación con el resto de comunidades autónomas en el nuevo modelo de financiación, consenso que dicen defender todos los grupos políticos al menos en público. Otra cosa será si son realmente capaces de llegar a un acuerdo en un debate de calado porque se negociará cómo se reparte el dinero público durante los próximos diez años.
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La gestión de los impuestos y el modelo fiscal es el núcleo de debate para el nuevo reparto de los fondos. Porque si hay algo en lo que todos los partidos en Andalucía están de acuerdo es en que el actual modelo perjudica a la comunidad autónoma y es necesaria su revisión. Y hay otra premisa en la que también hay coincidencia. Todos los partidos apuestan por una armonización fiscal en todas las comunidades autónomas aunque plantean diferentes fórmulas. El objetivo de esta equiparación de tributos se basa en el principio de que los que pagan son los ciudadanos y no los territorios, por lo que cada uno debe contribuir en función de su renta y no del lugar en el que viva, como ocurre ahora donde hay tributos —como el impuesto de sucesiones—que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
El PSOE pide un nuevo cálculo de la población
Los socialistas piden un nuevo cálculo de la población ajustada (la que se usa para calcular la financiación) e introducir variables como la tasa de paro, la de universitarios o el número de dependientes para calcular el coste de los servicios. Consideran que faltan 16.000 millones de euros para financiar el coste de los servicios públicos, de los cuales 4.000 corresponderían a Andalucía. Entienden que la negociación debe llevarse a cabo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Los populares a favor de la equidad personal
El PP no cuantifica la cantidad de fondos que son necesarios para el nuevo modelo de financiación, considera que es el Estado el que debe determinar el volumen de ingresos pero siempre teniendo en cuenta el principio de equidad personal porque son los ciudadanos los que pagan y no los territorios. Su principal propuesta pasa por los fondos de nivelación entre comunidades autónomas aunque defiende un modelo mucho más transparente y simple que el actual, opaco y complejo.
Ciudadanos quiere más dinero de los territorios forales
Ciudadanos ha cambiado su planteamiento respecto al cupo vasco. En el documento que ha registrado en el Parlamento, no cuestiona este régimen «al ser plenamente constitucional» si bien consideran que tanto el cupo vasco como la aportación foral de Navarra deben modificarse en función de una «valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado». En cualquier caso, apuestan por aumentar su contribución a la solidaridad interterritorial a través de la administración central. Piden más redistribución y equidad en el modelo además de crear mecanismos de estabilización presupuestaria que permitan garantizar los ingresos en épocas de bajos ciclos económicos.
Las variables socioeconómicas de Podemos
Podemos propone determinar el gasto que supone el mantenimiento de los servicios públicos y repartir ese fondo teniendo en cuenta variables socioeconómicas, como la población protegida a efectos sanitarios, universitarios en centros públicos, población en riesgo de pobreza o precariedad laboral. Calculan que faltan unos 20.900 millones de euros de los que 4.000 deberían ir a Andalucía. Quieren derogar todas las leyes que controlan el presupuesto de las comunidades.
IU y el techo de gasto
IU quiere cambiar el modelo radicalmente y para ello no sólo pide derogar el artículo 135 de la Constitución sino que pretenden establecer un suelo de ingresos para las comunidades. Proponen que el coste de los servicios públicos se blinde reservando siempre el mismo porcentaje del PIB: 5% para Educación, 7% para Sanidad y 2% para dependencia y servicios sociales (excluyendo el coste de la renta mínima). Calculan que faltan 18.000 millones de euros de los que 5.000 corresponderían a Andalucía.
