Montoro, ese aliado en las campañas anti Rajoy

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía protagonizó ayer otro capítulo de la polémica rebelión contra el ultimátum del ministro de Hacienda en funciones para rehacer las cuentas de la Junta de 2016 con 600 millones menos al objeto de corregir el desfase del déficit público. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, compareció para presentar un informe sobre la solvencia económica de Andalucía, y su posición en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo viernes.

La Junta pide diálogo para la reunión del viernes entre las comunidades y Hacienda pero avanza que rechazará la «imposición unilateral de recortes adicionales». Reclama asimismo un nuevo reparto del objetivo de déficit entre las administraciones públicas que beneficie a las comunidades autónomas y espera alguna propuesta del ministro en funciones.

Pero, «si sacan la artillería pesada...» habrá guerra. La consejera teme que el retraso en la llegada a Andalucía del primer trimestre del Fondo de Liquidez Autonómica sea parte de una estrategia de Montoro para «chantajear» a las comunidades y obligarlas a entregar un plan de ajuste si quieren recibir ese dinero.

Mientras la consejera insiste en que el ajuste que requiere Madrid sólo puede salir de «recortes» en sanidad o educación que la Junta no está dispuesta a asumir, el delegado del Gobierno, Antonio Sanz le respondía ayer de nuevo en que el Gobierno «no ha solicitado recortes, sino que los fondos extras que se han incorporado a las comunidades autónomas se dediquen también a reducir el déficit. Se trata de no hacer políticas que conlleven ni despilfarro ni descontrol del gasto».

Pero la carga de profundidad de la campaña diseñada por Susana Díaz, y desplegada por el PSOE-A con la colaboración de la Junta de Andalucía está en desgastar la principal baza de Rajoy ante sus electores: el milagro económico del PP.

Por eso la consejera Montero se explayó en ese discurso al preguntar públicamente si Montoro está negociando con Bruselas mayor margen para el déficit español a costa de las comunidades, o cuando acusó al PP de querer «tapar las vergüenzas del Gobierno a costa de inflar la mala reputación de las comunidades, y a Montoro de utilizar «mano de hierro contra una arquitectura constitucional en la que nunca creyeron».

Para la Junta, que reclama 265 millones de la liquidación negativa de 2013, el problema radica en que el Gobierno mintió cuando dijo que no computaría a las comunidades el gasto para los tratamientos de hepatitis C, en que se realizó un reparto desequilibrado del objetivo del déficit para disponer de un margen para las promesas electorales del PP y en que se ha puesto en riesgo el sistema de pensiones con la infradotación presupuestaria de la Seguridad Social.