ADMINISTRACIÓN
La mayor fundación de la Junta de Andalucía se gasta en sueldos las subvenciones millonarias que recibe
La Cámara de Cuentas cuestiona que Andalucía Emprende cumpliera los principios de igualdad, capacidad y publicidad en la selección del personal
Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha vuelto a meter en un atolladero al Gobierno autonómico por los procesos de selección de los trabajadores en el entramado de la conocida como «administración paralela», compuesta por una extensa red de empresas públicas, fundaciones, agencias y consorcios .
El ente fiscalizador detecta numerosas irregularidades en los expedientes de los 740 trabajadores integrados en la Fundación Pública Andalucía Emprende que procedían de los 95 consocios de empleo denominados Utedlt (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local), que tenía repartidos por las distintas provincias andaluzas.
En los expedientes de dicho personal transferido en el ejercicio de 2009, «no queda constancia documental que acredite el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el momento de su acceso al sector público andaluz», señala.
La Cámara de Cuentas asegura que hay una carencia «generalizada» de documentación sobre los procesos selectivos
El informe de fiscalización de regularidad de la Fundación Pública Andalucía Emprende de 2015, que fue publicado ayer, avisa de que los procedimientos selectivos en las fundaciones públicas deben regirse estrictamente por los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. La Cámara de Cuentas destaca que « la totalidad de su financiación se ejecuta con cargo a los presupuestos de la Junta » y su patronato lo componen miembros de la Administración autonómica.
El volumen de fondos destinados a gastos de personal que consume la mayor fundación de la Junta, dedicada a asesorar a emprendedores sobre los trámites para la puesta en marcha de negocios, ha llamado la atención de los auditores. La incorporación de los trabajadores de las Utedlt «hace que en el ejercicio fiscalizado exista una plantilla media de 955,67 personas, lo que ha supuesto que en el año 2015 el 88% del total de las subvenciones nominativas concedidas a la Fundación para la financiación de su actividad tengan como destino atender los gastos de personal del ejercicio», detalla el informe.
El pago de nóminas y contrataciones consumió 30.86 de los 35 millones de euros, que supone el importe total de las subvenciones nominativas concedidas a esta fundación dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta. La Consejería llegó a tramitar un nuevo expediente de subvención excepcional de 3,8 millones en dicho ejercicio para costear nóminas. A juicio del ente fiscalizador, no están «suficientemente motivadas las razones de interés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas» para utilizar este tipo de subvención.
Según los estatutos de esta fundación creada en 1999 al margen de la Función Pública, su principal misión es « promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional». El Gobierno andaluz ha iniciado el trámite para convertirla en agencia pública con el mismo personal.
Expedientes incompletos
En cuanto al personal contratado directamente por la Fundación, la Cámara de Cuentas afirma que « en 24 casos no se ha localizado la documentación que indique el proceso de selección utilizado para su incorporación».
El equipo fiscalizador analiza una muestra de 34 expedientes correspondientes al 11% de los 311 trabajadores fichados por Andalucía Emprende en cinco años. Hay incumplimientos de todo tipo. Las convocatorias realizadas para cubrir los puestos muestran « una carencia generalizada de documentación relacionada» con la selección y valoración de los candidatos.
El 53% de los expedientes de los trabajadores examinados trabajaban como interinos o con contratos por obra y servicio (normalmente vinculados a una subvención), sin estar estos últimos sujetos a una convocatoria pública . En el 56% de los casos no figura la experiencia profesional requerida para el puesto. La titulación no consta en el 62% y tampoco los cursos de formación o estudios complementarios, en el 88% de los expedientes analizados.
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