Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía
Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía - ABC

Marín quiere acabar con «el sangrado» de 25 millones anuales en el alquiler de sedes judiciales en Andalucía

Plantea sustituir paulatinamente el plan de arrendamientos por adquisiciones de inmuebles en propiedad

SevillaActualizado:

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado su firme intención de acabar con el plan de arrendamiento de sedes para órganos judiciales en Andalucía, lo que año tras año le supone a las arcas públicas "un sangrado" de 25 millones de euros.

Éste ha sido el compromiso anunciado este jueves por el líder de Ciudadanos en Andalucía en la comisión de Justicia en el Parlamento autonómico, con el que pretender poner fin al modelo de arrendamiento de sedes judiciales para ir «paulatinamente» adquiriendo sedes en propiedad.

A este respecto y a modo de ejemplo, ha expuesto que hacer realidad la tan prometida y anhelada Ciudad de la Justicia en Sevilla supondría un ahorro anual de 5,34 millones de euros, cantidad que podrían reinvertirse en mejorar las infraestructuras judiciales. El ahorro en el caso de Cádiz llegaría a más de 800.000 euros.

Y es que, como ha detallado el titular del departamento de Justicia en Andalucía en la comisión parlamentaria, el gasto que cada año tiene que asumir el Gobierno andaluz en concepto de alquiler de sedes judiciales supera los 25,2 millones de euros.

Diez millones al años hasta 2042 en Córdoba

Profundizando en esta cifra, la cuantía más importante corresponde a la que se abona por la Ciudad de la Justicia de Córdoba hasta el año 2042, momento en que pasará a propiedad de la Junta de Andalucía, y que supone un montante de 10.439.819,48 anuales.

Para el vicepresidente de la Junta, estos 25 millones de euros suponen “un sangrado” para las arcas autonómicas por dos motivos, según ha explicado en la comisión.

En primer lugar, la creación de nuevos juzgados que nunca dejan un margen de actuación superior a los doce meses, lo que conlleva tener que actuar de modo rápido y diligente, de manera no queda otra opción que buscar nuevos inmuebles arrendados. Como consecuencia de esta situación de urgencias, el modelo se repite.

Por otro lado, se da una situación contradictoria, ya que la existencia de contratos de arrendamiento de décadas pasadas, con deficientes instalaciones, principalmente en materia de accesibilidad, contraincendios, climatización, etc., provoca la necesidad de acometer obras de adecuación, adaptación, reformas y rehabilitaciones, que no se pueden acometer, por estar lógicamente vedado el uso de fondos públicos en inmuebles de titularidad privada.