La ley prevé condenas para el colegio donde se produjo la presunta violación del menor

El Código Civil establece en su articulo 1903 que las personas que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior afronten el pago por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que éstos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro. En este contexto jurídico se enmarca la responsabilidad de la Junta de Andalucía por la presunta violación a un niño de 9 años en el colegio público por parte de 4 escolares , cuyas edades oscilan entre los 12 y los 14 años, en el colegio público Nuestra Señora de la Paz, del municipio jiennense de Chilluévar.

Desde el punto de vista penal, los niños que supuestamente han cometido la agresión sexual son inimputables, pero la normativa civil preludia posibles sanciones para el colegio si se judicializan los hechos por la comisión de una presunta negligencia. O de varias, ya que la familia de la presunta víctima asegura que el niño ha sido objeto de agresión sexual en más ocasiones . Además, la expulsión fulminante de los alumnos decretada por la dirección del centro sugiere que considera veraz la versión del niño presuntamente sodomizado a la fuerza en horario lectivo en las dependencias escolares.

El componente acusatorio de la expulsión cautelar debe, no obstante, ser ratificado, o rechazado por la inspección educativa, organismo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que lleva a cabo la investigación interna para determinar si los hechos denunciados se corresponden a la realidad. Hasta tanto, los menores permanecen en sus domicilios, fuera del colegio, al que tampoco acude desde el pasado lunes el niño que ha sufrido la supuesta agresión sexual.

Así, las cosas vecinos de Chilluévar consultados por este periódico se preguntan, preocupados, qué pasará cuando expire la orden de expulsión establecida por la administración educativa y los presuntos violadores sean de nuevo escolarizados. Cabe, sin embargo, la posibilidad de que se ordene algún tipo de internamiento, si bien la Fiscalía de Menores tiene escaso margen de maniobra por la edad de los presuntos violadores. En cuanto a la víctima, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha expresado que su departamento trabaja para que el niño supuestamente violado retorne cuanto antes al centro educativo.

Respecto a su opinión sobre el suceso, la consejera ha utilizado idéntico término que la presidenta de la Junta de Andalucía, consternación, para describir el efecto que ha causado en ella. Sánchez Rubio ha aclarado, no obstante, que la supuesta violación a un niño por parte de otros menores es un hecho infrecuente.