La Junta tacha de «irresponsable» el traslado de inmigrantes a Andalucía sin aviso

El Gobierno de Juanma Moreno pide explicaciones de la llegada «por sorpresa» a Granada de un vuelo desde Canarias con cien irregulares

Imagen de los chavales a la salida del aeropuerto granadino a la espera de coger un autobús ABC

Romualdo Maestre

Los vídeos circulan por las redes sociales con tal profusión que sólo se pueden reenviar de uno en uno. Pasajeros que comparten vuelos con inmigrantes desde las Islas Canarias a Sevilla, Málaga o Granada, los graban como embarcan y descienden de los aviones comerciales con toda normalidad. Eso en una región que tiene cerrado no sólo su perímetro autonómico sino el de todos sus municipios hasta el día 10 de diciembre en que se revisen sus medidas anti Covid. La última de estas grabaciones ha sido en el aeropuerto Federico García Lorca de Granada , donde una treintena de chavales jóvenes bajan del avión sin que nadie les espere a pie de pista para darles instrucciones.

Ya el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) había denunciado la falta de información por parte de la Subdelegación del Gobierno en este tema y que se estaba poniendo en riesgo la seguridad de los agentes si venían sin pruebas PCR. El delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Pablo García, solicitó ayer a la Subdelegación del Gobierno en la provincia explicaciones por la «irresponsable» llegada «por sorpresa» de un vuelo con «más de un centenar» de inmigrantes. «El Gobierno de España ha ignorado las normas sanitarias en vigor para salvar sus intereses, realizando un traslado de inmigrantes con absoluta opacidad y sin comunicarlo a la Junta de Andalucía», afirmó Pablo García. El delegado recuerda que para entrar en Andalucía y en Granada es necesario poseer una autorización administrativa expresa y, en este caso concreto, es exigible que estas personas dispongan de una PCR negativa y califica de «grave irresponsabilidad cuanto menos» el desvío a Granada de vuelos con personas de las que « se desconoce su estado de salud y la justificación legal para entrar en un territorio con restricciones sanitarias». Cabe recordar que Granada ha sido la provincia andaluza más castigada por la pandemia hasta el punto de que se cerraron todos sus establecimientos no esenciales desde el 10 hasta el 29 de noviembre pasado.

«Los granadinos y los andaluces en general estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir las normas en vigor. Nos comprometemos a limitar la movilidad entre nuestras pobla ciones y cuando lo hacemos se acredita mediante documentos para las causas legalmente establecidas», añadía el delegado del Gobierno en la nota que hacía llegar a los medios como protesta.

«Es intolerable que no se sometiera bajo su orden a control policial y administrativo a estas personas a su llegada al aeropuerto de Granada», afirma el delegado del Gobierno

«Es inconcebible la dejación de funciones de la subdelegada del Gobierno, como intolerable que no se sometiera bajo su orden a control policial y administrativo a estas personas a su llegada al aeropuerto de Granada. Además es una grave irresponsabilidad autorizar vuelos de este tipo para dispersar por territorio nacional a personas cuyo estado de salud y motivo de desplazamiento desconocemos», subrayó. El delegado exige una explicación pública por parte de la subdelegada del Gobierno y lamenta que más de 24 horas después de este incidente «no ha dado la cara públicamente», lo que «hace patente la deslealtad en materia de inmigración del Gobierno de España con el andaluz. Por último, puso de manifiesto que lleva tiempo pidiendo a Madrid un campamento estable para acoger a los inmigrantes en el puerto granadino de Motril , donde son desembarcadas por Salvamento Marítimo de pateras rescatadas en el mar, sin obtener la más mínima respuesta. En el tema de la inmigración irregular la Junta de Andalucía sólo tiene competencias en la custodia de los menores no acompañados, más conocidos como «menas».

Sospechas infundadas y xenofobia

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, criticó sin ambages que el sindicato policial SUP levante «sospechas infundadas» acerca de si se han hecho o no pruebas PCR a los inmigrantes llegados a la capital nazarí. «Ligar inmigración y pandemia alienta la xenofobia ¿Por qué se levantan sospechas infundadas sobre inmigrantes cuando es conocido que los protocolos existentes garantizan que cualquier inmigrante llegando a costa es sometido por las autoridades sanitarias autonómicas a un PCR?», contestó en un tuit el ministro en respuesta a otro del SUP sobre este hecho.

No menos contundente fue la apreciación del vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, de Cs , que manifestó que el Gobierno central no ha «comunicado absolutamente nada» a la Administración andaluza sobre el vuelo, con lo que criticó la «deslealtad» del Ejecutivo central del PSOE y Unidas Podemos. En una entrevista en Canal Sur TV explicó que tras visualizar él mismo los vídeos difundidos, para la incorporación de los mismos a las redes de acogida, los remitió al consejero de Presidencia e Interior, Elías Bendodo , del PP. El Gobierno andaluz tenía conocimiento de vuelos de este tipo hacia los aeropuertos de Sevilla y Málaga, pero no se le había «comunicado absolutamente nada» de este vuelo a Granada procedente de Canarias.

Queja municipal

Tampoco el alcalde de Granada se quedó corto en su malestar. Luis Salvador (Cs) elevará una queja por estos hechos. Salvador detalló que estos inmigrantes pudieron tomar al parecer algún autobús desde el aeropuerto, ubicado en el municipio de Chauchina, hasta la capital granadina o salir «a su libre albedrío» para poder circular por el resto de la provincia , de Andalucía o España. Salvador explicó que, tras ponerse en contacto con la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, esta le trasladó que los inmigrantes «venían en regla y que podían circular por donde quisieran».

Por último, Macarena Olona, segunda portavoz de Vox en el Parlamento y diputada por esta provincia, pidió que ante la «manifiesta negligencia» de Fernando Grande-Marlaska «que los acoja en su casa».

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