La Junta, incapaz de gastar 620 millones contra el paro, va a Madrid a pedir más dinero

El Gobierno andaluz reclama al Ejecutivo central un plan especial de empleo para Andalucía. Ha convertido esta reivindicación en el eje sobre el que gira su discurso de agravio hacia la Comunidad y en un arma recurrente con el que lleva meses martilleando a Mariano Rajoy a cuenta del «maltrato» al que, a su juicio, ha sometido a los andaluces. Hasta ahora la demanda autonómica se había quedado en palabras de reproche. Ayer pasó definitivamente a la acción.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, se plantó en Madrid para entrevistarse con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo. En la sede del Ministerio le reclamó un plan especial para combatir el paro dotado de 157 millones de euros.

Ni un euro menos, según especificó a los periodistas.

Pero al responsable de Ministerio no le costó trabajo encontrar el modo de enfriar las expectativas del político andaluz para conseguir una suma de dinero extra. «El mejor plan de empleo para Andalucía es ejectutar los fondos que le transfiere el Gobierno central», respondió Riesgo.

Entre 2012 y 2015, la Junta ha recibido 1.126,2 millones de euros a través de los recursos que distribuyen los Servicios Públicos de Empleo a las comunidades autónomas para desarrollar las políticas activas de empleo.

Pero de esta riada de fondos sólo ha gastado 505,8 millones de euros, según el informe que maneja el Ministerio de Empleo sobre el grado de ejecución del dinero. Es decir, la Junta ha dejado sin gastar y, por tanto, sin justificar un total de 620,4 millones de euros, el 55 por ciento de los fondos transferidos para combatir el desempleo en la segunda comunidad autónoma con más paro de España (26,9%) después de Extremadura (29,2%).

El fraude de la formación, con más de una decena de investigaciones judiciales abiertas en toda Andalucía, y un cúmulo de irregularidades detectadas en los cursos subvencionados por la Junta obligaron al Gobierno autonómico a paralizar estas ayudas. Por este motivo ha visto reducidas sus asignaciones en los últimos cuatro años. Hasta septiembre, la Junta no ha vuelto a convocar ayudas para formación. Distribuirá 71 millones de euros entre entidades.

«Si lo que pide es un plan de empleo de 150 millones, ha tenido siete planes de empleo con todo lo que no ha ejecutado. Lo que tiene que hacer es ejecutar esos fondos y así se revertirán más oportunidades de empleo para los andaluces». Fue la respuesta del número dos de la ministra Fátima Báñez al consejero.

Pese a la contundencia de Riesga, Sánchez no tira la toalla. Incluso se mostró «optimista» sobre el resultado de la reunión. Argumentó que no hay motivos que justifiquen que Andalucía esté huérfana de este dispositivo extraordinario de fondos para atajar el drama del paro y reactivar la economía. Puso como ejemplo el caso de Canarias que, con un 25,6% de desempleo (según la última EPA) sí cuenta con este plan.

En realidad el archipiélago no tiene actualmente vigente un programa de empleo. Lo tendrá si Rajoy consigue que el Congreso apruebe sus presupuestos del Estado para 2017, que incluyen una inversión de 21 millones para el plan de empleo canario.

La batalla del Gobierno andaluz pasa por que el Ejecutivo central no vincule el dinero gastado con el reparto futuros de fondos, en contra de lo que establece el marco normativo de las políticas activas de empleo.

Para superar este escollo, el consejero planteó que Gobierno y Junta busquen «fórmulas» conjuntas para que la paralización de los cursos de formación, como le ocurrió entre los años 2012 y 2015, no le pase factura.