La juez instructora del caso Faffe, María Núñez Bolaños
La juez instructora del caso Faffe, María Núñez Bolaños - J.M.Serrano
Caso Faffe

La juez Núñez rechaza investigar los «enchufes» de la fundación contra el paro de la Junta de Andalucía

La instructora descarta, como pidió el PP, requerir al Servicio Andaluz de Empleo los expedientes de contratación «a dedo» del personal

SevillaActualizado:

La juez María Núñez Bolaños ha rechazado investigar los «enchufes» en la fundación de la Junta de Andalucía creada para formar a los parados, conocida como Faffe. La mayoría de sus trabajadores fueron contratados sin una convocatoria pública, a través de una base de datos donde se instroducían los currículos. Cuando la fundación fue disuelta por el Gobierno andaluz en mayo de 2011, sus 1.667 trabajadores fueron recolocados o subrogados en la agencia pública que gestiona las oficinas del empleo, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El PP solicitó indagar en la contratación irregular de este personal, que actualmente sigue en nómina en la Junta, pero la magistrada le responde con una negativa: «No ha lugar a oficiar al SAE para que aporte los expedientes completos de contratación de todo su personal» desde la constitución de la Faffe hasta su extinción, «con nombres y apellidos».

En un auto del 3 de abril pasado al que ha accedido ABC, María Núñez argumenta que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha investigado la contratación de la Faffe «en distintos procesos, uno el del caso Umax, que ha sido ya objeto de enjuiciamiento sin que corresponda a este órgano instructor hacer investigación alguna».En segundo lugar, señala que «la UCO ya dio cuenta de las irregularidades detectadas en la contratación, hechos que se investigan en diligencias previas incoadas al efecto».

En un atestado entregado hace dos años a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, los agentes de la Guardia Civil confirmaron, de manera indiciaria, «la vinculación, directa o indirecta, de más de 200 empleados con diferentes fuerzas políticas y sindicales», principalmente con el PSOE. Entre los contratados figuraban exalcaldes, militantes socialistas y/o familiares de cargos de este partido y sindicatos.

La Guardia Civil detectó la vinculacióin directa o indirecta de 200 empleados con partidos y sindicatos

La letrada del PP, Lourdes Fuster, ha impugnado esta decisión de la instructora. En su recurso de reforma del 11 de abril pasado, la abogada afirma que «son absolutamente inciertas» las dos razones esgrimidas por ella para no requerir al SAE documentos sobre el procedimiento de selección y contratación seguido, tales como las copias de los anuncios de publicación de las convocatorias o los boletines oficiales en que se anunciaron o, en su defecto, las bases reguladoras de los procedimientos, baremos y criterios de selección.

El fiscal Anticorrupción, Fernando Soto, no se opuso a esta petición, mientras que los letrados de la Junta de Andalucía —personada como acusación particular en esta causa— no se han pronunciado. El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, fue contundente el pasado miércoles al ser preguntado por este asunto: «Si fuera por el PP les puedo asegurar que ninguna de las personas que entraron de forma irregular(en la Faffe) deberían seguir ni en la fundación ni en ningún otro sitio de la administración».

Dos exalcaldes investigados

En su recurso, la abogada del PP discrepa de la juez y asegura que en la causa Umax «no se ha investigado ni enjuiciado los expedientes de contratación del personal de la Faffe» y para demostrarlo le adjunta el auto con el que se cierra la instrucción del caso.

En dicho proceso, la Junta acusa al exdirector de Trabajo Javier Guerrero de crear una «administración paralela» en su departamento contratando sin el procedimiento legal a 44 personas por «amiguismo» a través de la empresa Umax y para el «beneficio exclusivo del bolsillo de terceros». Muchos de ellos acabaron en la Faffe y, a partir de 2011, en el SAE. Pero ni son todos los que están ni están todos los que fueron contratados.

La acusación popular replica a la juez que la UCO «no ha investigado nada sobre las contrataciones» del personal de la Faffe, puesto que la juez «se lo ha denegado de manera infundada en varias ocasiones, en esta causa».

La letrada del PP recuerda que el juzgado sólo tiene abiertas dos piezas separadas del caso Faffe que indaga en las contrataciones de los exalcaldes socialistas de las localidades sevillanas de Lebrija y Montellano, Antonio Torres y Francisco Aguilera Acevedo.

Tras perder la Alcaldía en 2003, Torres fue fichado por el exdirector de la Faffe, Fernando Villén, como «director de Asuntos Exteriores» de la fundación. Varios testigos ratificaron en febrero en el juzgado que no iba a trabajar a la sede y cuestionan que gestionara ningún proyecto europeo. Villén afirmó que le hizo un contrato indefinido porque puso esa condición y cobraba 4.000 euros al mes. Respecto a Aguilera, la UCO lo catalogaba como «personal no cualificado y que no desarrollaría tareas productivas» y, según declararon compañeros suyos, la mayor parte del horario de trabajo lo ocupaba durmiendo y leyendo la prensa. Actualmente, sigue en nómina del SAE.

La acusación del PP expone que la Guardia Civil detectó irregularidades en el área de Recursos Humanos que, «más allá de la contratación de estos dos señores», ponen de manifiesto indicios delictivos, precisamente lo que la juez echa en falta para indagar en los contratos de este personal.