La juez Núñez ordenó a la UCO «verbalmente» parar la investigación a seis empresas en el caso ERE

Alberto García Reyes

21/06/2018
Actualizado 22/06/2018 a las 12:14h.

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La juez de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños , ha parado la investigación a seis empresas de los ERE alegando la posible prescripción de los delitos que se les atribuyen. Así lo hace constar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un atestado insólito en el que hace inventario de todas las empresas sobre las que están elaborando informes en estos momentos incluyendo un párrafo acerca de las seis que se han excluido.

Concretamente, la UCO expone que «siguiendo instrucciones verbales de ese juzgado , relacionados con los posibles plazos de prescripción, se ha descartado el estudio de los siguientes expedientes que habían sido encomendados a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada». A continuación detalla las empresas: Cofrutex, Bellow Marko, Azahara Textil, Rotiner Comercial, Fábrica de Muebles de la Sierra Norte y Autopistas Aumar . Todas ellas son sevillanas, salvo Azahara Textil, que tiene su sede en Córdoba, y la mayoría ha quebrado ya a pesar de las ayudas recibidas en su momento por la Junta de Andalucía.

Algunos de sus administradores ya fueron investigados por la juez Alaya, pero Núñez levantó los cargos contra ellos por prescripción. Esas resoluciones sí se produjeron por escrito. De las seis ayudas que no van a ser investigadas, dos están ya prescritas , las concedidas a Bellow Marko (447.754 euros) y Azahara Textil (120.202,42 euros), porque el último pago se realizó en 2004 y 2001, respectivamente. Ambas se abonaron hace más de diez años, el plazo de prescripción para perseguir delitos de prevaricación y malversación en el caso de las ayudas inferiores a los 450.000 euros, según el criterio establecido por la Fiscalía y avalado por la Audiencia de Sevilla.

Las ayudas a Cofrutex (440.000 euros) y Autopistas Aumar (75.704,92) están en el límite de prescripción , ya que ambas se pagaron en 2008, hace diez años. Por último, aún quedan uno y dos años para que caduque el supuesto delito de malversación en el caso de Fabrica de Muebles, que recibió 100.000 euros en 2009, y Rotiner Comercial (150.000), a la que pagaron 112.500 en el año 2010.

Otras ayudas sí se están investigando. Los agentes indican que «actualmente se están completando los atestados sobre todos los expedientes pendientes de análisis y estudio por parte de las diferentes unidades orgánicas de Policía Judicial encargadas de esta línea de investigación».

Se refiere a cuatro informes que se están elaborando en estos momentos en la Comandancia de Almería (TPM, Pacsa Sanders, Consyproan y Trabajadores de la Antigua Fábrica La Trinidad); tres en Cádiz (Industria Naval, Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz y Pack Sur); dos en Córdoba (Fabricación y Reparación de Buses y Cooperativa Cordobesa de Cultivadores del Algodón); y cuatro más en Granada (Ebro Puleva, Fundosa Ultracongelados, Grupo Smurfit y Fundosa Lavanderías Industriales).

En este punto, el atestado recoge las instrucciones dadas por la Fiscalía Anticorrupción para que las empresas que tienen relación entre sí se analicen en un solo atestado, una orden que está perfectamente recogida por escrito. Sin embargo, al referirse a las instrucciones recibidas por la juez Núñez Bolaños para no investigar a otras sociedades el informe es muy contundente al señalar que se trata de órdenes «verbales».

Este curioso procedimiento de la magistrada habría quedado fuera del conocimiento de las partes personadas si la UCO no lo hubiera reflejado en este atestado, que ahora permitirá a las acusaciones y a las defensas pronunciarse al respecto, ya que, según las fuentes consultadas por ABC, no está claro en algunos casos que los hechos que se atribuyen a las empresas excluidas de la investigación hayan prescrito. En algunas el plazo está a punto de cumplirse, momento en el que será preceptiva la resolución judicial que así lo constate, pero mientras eso no se produzca, el caso está vigente y cualquier acción judicial previa a la prescripción evitaría su caducidad.

El hecho inusual de que la juez haya dado esas instrucciones a la Guardia Civil de forma verbal se encuentra, en este caso, con una reacción de la UCO que también es extraordinaria en este tipo de atestados, ya que los agentes han optado por dejar constancia escrita de conversaciones mantenidas con la magistrada para evitar cualquier responsabilidad al respecto.

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