El exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín estaba investigado en esta causa
El exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín estaba investigado en esta causa - Efe

La juez Núñez archiva una causa de los ERE sin pedirlo el abogado de uno de los investigados

La instructora da carpetazo a las ayudas a Fundiciones Caetano y carga contra la UCO por los «graves errores» que aparecen en los atestados policiales

SevillaActualizado:

La juez María Núñez Bolaños, que indaga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, con la que fueron financiados expedientes de regulación de empleo (ERE) innecesarios o sin la tramitación previa y subvenciones directas y supuestamente arbitrarias a empresas, ha ordenado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a los tres últimos investigados por los ERE de la empresa Fundiciones Caetano, así como el archivo de dicha causa concreta al no figurar ya ningún imputado en la misma. El abogado del empresario investigado ni siquiera había solicitado el archivo de las actuaciones contra su cliente.

A través de un auto emitido el pasado 6 de noviembre y recogido por Europa Press, la juez aborda la pieza separada correspondiente a los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2004 y 2006 por la empresa Fundiciones Caetano, radicada en Camas (Sevilla).

En esta causa, como bien refleja el auto, figuraron como investigados el empresario Abilino Caetano; el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, hombre clave en los hechos a cuenta de su cargo y uno de los principales imputados en la causa; Juan Márquez por su papel también como director general de Trabajo; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el excomercial de la aseguradora Vitalia Jesús Bordallo; el exdirectivo de dicha empresa Antonio Albarracín; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas; el exasesor de la Dirección General de Trabajo y exparlamentario del PSOE Ramón Díaz; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y los exdirectores de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete.

No obstante, detalla la juez que a lo largo de la instrucción de la causa, fueron excluidos de la misma Guerrero, Juan Márquez, Barberá, Antonio Fernández, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, todos ellos actualmente juzgados por el procedimiento administrativo mediante el cual fueron financiados los ERE y las ayudas investigadas, siendo sobreseídas las actuaciones respecto a Ramón Díaz y Antonio Rivas.

Los tres últimos investigados

Por eso, el auto se dedica a la situación de las tres personas que quedaban investigadas en la causa, el empresario Abilino Caetano, el excomercial de la aseguradora Vitalia Jesús Bordallo y el exdirectivo de dicha empresa Antonio Albarracín.

Al respecto, la juez decide sobreseer las actuaciones relativas al empresario, detallando las dificultades que atravesaba su empresa y exponiendo que «toda la tramitación, negociación, petición, gestión de los ERE o de las ayudas la puso en manos de dos asesores, uno jurídico, el señor Olivencia, y otro económico, José María Cruz Rodríguez», y «si alguna irregularidad hubo en la tramitación, es lógico pensar que no la conocía» este empresario.

Es más, en el caso del ERE de 2006, señala la juez que «es más palmario que nadie pueda suponer que la existencia y posibilidad de pedir unas ayudas para financiar las prejubilaciones pudiera ser irregular y menos aún constitutivo de delito alguno», sobre todo porque «el ERE lo aprueba el juez de lo Mercantil y conoce de la existencia de esta posibilidad de financiación».

En cuanto a Albarracín y Bordallo, expone el auto que «desde 2013 se ha avanzado mucho en la investigación» y habría quedado de relieve que «en no pocas ocasiones, tras la investigación judicial, se han puesto de manifiesto graves errores en los atestados policiales», asegurando que con relación a los ERE de Fundiciones Cateano, Bordallo «se limita a informar a los trabajadores de las condiciones de su póliza en el segundo ERE, autorizado por el juez de lo Mercantil", toda vez que las pólizas "fueron firmadas por los interventores judiciales».

Una actividad «lícita»

«Bordallo realizaba su trabajo en relación a pólizas de prejubilación, una actividad lícita que se realizaba no sólo con pólizas financiadas por ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, sino también de otras administraciones públicas como la Administración central», razona la juez, agregando que «para el sector seguros era una actividad normal que en principio no tenía por quéser considerada irregular o ilícita por el hecho de proceder de una administración, ya que era normal que las administraciones concedieran este tipo de ayudas sociolaborales».

Respecto a Albarracín, la juez hace extensiva a él las consideraciones previas y, además, indica que «no podemos decir que hablara con 'conseguidores' en esta póliza, que según manifiesta Bordallo vino de la mano de un comercial, Francisco González, ni tampoco que contactara o metiera intrusos porque en esta causa no existen».

Por eso, la juez ordena el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al empresario y los exrepresentantes de la aseguradora Vitalia, así como el archivo de esta causa al no figurar ya nadie investigado en la misma.