La juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños
La juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños - Raúl Doblado
CASO ERE

La juez Núñez archiva de manera provisional el ERE del Grupo Joly, a la espera de la Guardia Civil

La juez da carpetazo provisional a seis piezas, a la espera del fin de la investigación

SevillaActualizado:

La juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños, ha archivado provisionalmente las investigaciones de seis empresas que recibieron ayudas supuestamente fraudulentas con cargo al programa 31L de la Junta de Andalucía para financiar a prejubilados y empresas en crisis. Entre las piezas sobreseídas dentro de la macrocausa penal de los ERE se encuentra la referida a la subvención de 8 millones de euros que se empleó en costear las prejubilaciones de 36 trabajadores del Grupo Joly.

La magistrada también ha decretado el archivo de las causas que analizan las ayudas irregulares concedidas a Altadis, Industria Naval de Cádiz, Fábrica de Muebles, Grupo Smurfit y Papacor. En todos los casos, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla da carpetazo provisional a las diligencias previas y en el mismo auto requiere a la Junta de Andalucía los expedientes íntegros de las ayudas, mientras que dirige oficios a la Guardia Civil para que remita «a la mayor brevedad posible» al juzgado los atestados que están elaborando sobre cada una de las empresas beneficiarias.

Para canalizar las ayudas los empleados del Grupo Joly, editor de cabeceras como Diario de Sevilla y Diario de Cádiz, crearon la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz.

La Consejería de Empleo le concedió las ayudas sociolaborales sin publicidad ni libre concurrencia y sin que se acreditara que cumplían los requisitos de edad para recibir los fondos los 36 empleados afectados por el expediente de regulación de empleo del grupo.

La juez requiere a la Junta de Andalucía los expedientes íntegros de las ayudas y los reintegros tramitados

En el auto del 5 de marzo pasado, al que ha tenido acceso ABC, Núñez Bolaños «acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones y su archivo» a la espera de recibir informes en una pieza donde todavía no ha sido citado ningún investigado.

En el mismo auto, la juez insta por tercera vez a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz a entregar un atestado que ya solicitó, sin éxito, en junio y octubre pasados. También insta a la Junta a enviarle el expediente de las ayudas concedidas a los empleados de Joly por el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en el año 2004, así como los expedientes de reintegro tramitados o la novación del expediente mediante el decreto-ley de 16 de octubre de 2012, por el que el Gobierno andaluz regularizó las pólizas concedidas desde el año 2000 para poder seguir pagándolas.

La Fiscalía Anticorrupción ha empezado a recurrir estos archivos provisionales y, en concreto, los que afectan a las empresas Altadis e Industria Naval de Cádiz, pero se espera que sean más. El Ministerio Público no comprende cómo se dicta esta resolución pretextando «la necesaria existencia de un previo atestado» cuando la propia magistrada ha archivado otras piezas, como la ayuda a Fundaciones Caetano, argumentando que los atestados contenían «unos supuestos errores».

La Fiscalía no es la única que cuestiona este tipo de archivos provisionales. En un auto del 9 de noviembre de 2016, la Audiencia de Sevilla estimó en parte un recurso de los letrados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster, por lo que dejó sin efecto otro sobreseimiento provisional de Núñez en el caso Formación. Argumentaba que, al margen del resultado de informes, la juez podía prorrogar el plazo de la instrucción, previa audiencia de las demás partes, al objeto de agilizarla y practicar diligencias.