Javier Guerrero vuelve al juzgado

El ex director general de Empleo Javier Guerrero volverá mañana a declarar como investigado en el caso de los ERE, y lo hará respecto a un expediente de regulación de empleo de la empresa pública Egmasa que le costó a la Junta de Andalucía 21,6 millones de euros.

Guerrero es uno de los principales implicados en el caso de los ERE y fue señalado como responsable de ese ERE por el exconsejero de Empleo José Antonio Viera cuando declaró como investigado el pasado 10 de febrero.

El ex director general declarará por el ERE del 2003 de la Empresa de Gestión Medioambiental SA(Egmasa), ahora denominada Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que afectó a 373 trabajadores.

La declaración la hará ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, que citó como investigados, término que sustituye al de imputado, a quince personas, entre ellas dos exconsejeros de Empleo.

La juez María Núñez instruye la rama principal del caso de los ERE mientras que el juez de apoyo Álvaro Martín es el encargado de las seis primeras piezas piloto en el que se ha dividido la causa, que se investiga desde hace cinco años.

Además de Guerrero, mañana está citado a declarar su sucesor en el cargo Juan Márquez, y por este ERE ya han declarado los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera.

La juez entiende que en la concesión de esta ayuda se pudieron cometer los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y añade que en la concesión de esta subvención «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», lo que puede ser «causa de nulidad de pleno derecho».

En el auto de este ERE, la juez cita a un «intruso» que se incluyó en las ayudas sin trabajar en la empresa, Antonio Márquez García, que está citado para el próximo 24 de febrero.

El «intruso» era un liberado sindical que cuando cesó en el cargo en el sindicato en el año 2004 no fue readmitido, por lo que después de dos años, los directivos de la compañía, junto con un líder, le buscaron una salida y simularon un despido improcedente.

Para ello, pactaron en el Cemac una indemnización por despido de más de 120.000 euros que se articuló mediante la indebida inclusión del trabajador como asegurado en una póliza colectiva, «indemnización que superaba en mucho la correspondiente a un despido y que fue pagada no por la empresa sino por la Junta de Andalucía», según la juez.