CASO ERE ANDALUCÍA
El ex interventor de la Junta estalla contra las «falacias» del exconsejero Fernández en el juicio del caso ERE
El ex responsable andaluz de Empleo alega que la Intervención pudo haber analizado los expedientes de ayudas bajo sospecha durante varios años
Salta por los aires la calma que reinaba entre los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están siendo juzgados por un procedimiento supuestamente fraudulento de ayudas en el caso ERE . Quien fuera interventor general de la Administración autonómica entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, ha calificado de «falaces» algunos de los argumentos esgrimidos este martes en el juicio por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández sobre el papel de control que ejercía la Intervención General de la Junta sobre las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis bajo sospecha.
Manuel Gómez ha señalado a ABC, tras el receso de la sesión, que es absurdo que Fernández defienda que en el informe provisional que la Intervención de la Junta emitió en 2005 no se recogieran las «deficiencias» en el procedimiento de financiación de las ayudas . Este informe fue remitido a la agencia IFA/IDEA para realizar las alegaciones y, a su conclusión, el informe definitivo que cuestionaba el sistema de pago de las ayudas, fue enviado expresamente a tres consejeros, entre ellos el propio Antonio Fernández, que no adoptó ninguna medida.
El ex interventor, que se enfrenta a una petición de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público, ha advertido que tales anomalías o irregularidades fueron descritas en el informe adicional al de control financiero permanente realizado sobre el pago de las ayudas con cargo al programa presupuestario 31L por parte de la agencia pública IFA/IDEA , adscrita desde 2004 a la Consejería de Innovación. Por lo tanto, considera «falaz» el argumento empleado por el exconsejero en el sentido de «hacer pasar por veraz lo que no lo es».
Durante el largo interrogatorio que ha realizado su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, Antonio Fernández, que encara ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, ha asegurado que su viceconsejero, Agustín Barberá, le comentó el contenido de este informe adicional de la Intervención «porque no era usual», pero «no le dio la trascendencia porque el borrador no contenía ningún elemento de preocupación porque no se contenían ninguno de los expedientes analizados».
En el año 2005, la Intervención, tras poner reparos al procedimiento de financiación de las ayudas, decidió ir más allá y elaborar un informe complementario sobre el programa que ha llevado al banquillo, entre otros, a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán .
El órgano fiscalizador interno de la Junta revisó una veintena de expedientes de ayudas y concluyó que se estaba prescindiendo «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» , lo que equivalía decir que se estaba incumpliendo la ley, aunque con posterioridad en el juicio el interventor ha matizado tan grave apreciación.
Todos los años fueron analizadas por la Intervención las transferencias de financiación, el discutible mecanismo empleado por la Consejería de Empleo para pagar las ayudas a través de la agencia IFA/IDEA . La elección de esta herramienta no era insignificante: implicaba que el dinero tenía un control más laxo que si las ayudas hubieran sido abonadas directamente por la consejería. Además en los informes anuales de control financiero sobre la agencia pública se emitieron opiniones en contra de este procedimiento «inadecuado».
Fernández ha dibujado un escenario en el que todos conocían el programa -Griñán como consejero de Economía y Hacienda, el director de Presupuestos, la Cámara de Cuentas de Andalucía, el interventor de la Junta y el Parlamento andaluz, la Intervención General del Estado-, todos, si bien el conocimiento suyo sobre el mismo era general o superficial y nunca imaginó que podía haber conductas indebidas en la gestión de las ayudas ni que el procedimiento era ilegal.
«No lo consideraría necesario»
En este sentido, ha señalado que la Intervención pudo ir más lejos en su actuación pero « no lo consideraría necesario ni había elemento que justificara un análisis de expedientes de años posteriores », ha indicado, omitiendo que la Intervención no tenía este cometido, según ha señalado, puesto que el Consejo de Gobierno indicaba previamente el tipo de fiscalización que debía ejercer y la agencia IFA/IDEA no estaba sometida a fiscalización previa, sino permanente. En la práctica este método impedía que las ayudas tuvieran un control previo, como sucede con las subvenciones ordinarias.
En declaraciones a ABC, el ex interventor también considera que no se ajusta a la verdad decir que el Consejo de Gobierno ordenara a la Intervención el control de las ayudas que se enjuician, cuando lo que ordenó fue que comprobara las transferencias de financiación, el mecanismo empleado, no los expedientes.
Hay que recordar que en quince momentos diferentes la Intervención alertó contra el procedimiento de pago de las ayudas y en 2005 envió el citado informe adicional a tres consejeros: Antonio Fernández (Empleo), Francisco Vallejo (Innovación) y José Antonio Griñán (Hacienda) . Sin embargo, en el juicio ha ratificado que sus informes fueron «desatendidos» y nadie tomó las medidas de corrección que «tenía que tomar» tras recibir sus señales de alerta.
Por otro lado, el exinterventor Manuel Gómez Martínez ha señalado que « podría ser una treta para declarar después de mí » que alegara una afonía para demorar su turno de intervención en el juicio.
Antonio Fernández ha relatado que el informe adicional de la Intervención de la Junta «se debió archivar sin mayor análisis» porque, a su juicio, aun siendo graves las conclusiones, se trataba "más de un debate jurídico sobre el procedimiento inadecuado" y quienes los leyeron y se lo comentaron «no vieron ningún aviso ni cuestión que hiciera tomar la decisión de hacer algo».
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