Las incógnitas de las cuentas de la Junta para 2017

La aprobación del Presupuesto de la Junta el 22 de diciembre ha pasado de ser una tradición a convertirse en un hito político del que el Gobierno de Susana Díaz presumía como muestra de la estabilidad política lograda en la comunidad autónoma. El Parlamento andaluz echó ayer el cierre hasta el próximo mes de febrero aprobando las cuentas presentadas por el Gobierno en minoría del PSOE y que ha contado con el apoyo de Ciudadanos que ha puesto precio a su colaboración. 1.400 millones de euros en enmiendas que los socialistas han aceptado pero que ha logrado el rechazo más absoluto de los grupos de la oposición.

Para 2017, la Junta cuenta con 33.239,5 millones de euros y se destinan cuatro mil millones de euros al pago de la deuda con los bancos, un precepto obligado por los plazos de amortización.

La inversión pública sube un 10% respecto al año pasado y se sitúa en 3.668 millones de euros. Al margen de estos grandes datos, las cuentas públicas de la Junta de Andalucía también tienen muchas incógnitas y zonas de sombra a pesar de la tan cacareada transparencia.

Los entes instrumentales

El Presupuesto de la Junta, que está colgado en la web oficial, detalla hasta el más mínimo gasto de la administración general. El dinero para el personal, los gastos corrientes, las inversiones, las partidas para los determinados servicios... Sin embargo, es totalmente opaco cuando se refiere a los entes instrumentales y las agencias administrativas. Ni consta el personal que tienen, ni lo que cobran ni cómo se gastan el dinero.

El gasto por provincia

Los grupos de la oposición piden reiteradamente a la Junta que detalle la inversión que realiza en cada una de las provincias pero el Gobierno andaluz se niega en redondo y no ofrece más que datos vagos de inversión sin detallar los proyectos concretos. Desde Podemos, Carmen Lizárraga, asegura que el Gobierno andaluz sabe perfectamente en qué se va a gastar el dinero pero lo oculta a sabiendas para que los demás grupos de la oposición no puedan opinar ni los ciudadanos tengan la información hasta que convenga a los intereses de la propaganda de Susana Díaz.

Partida fantasma

El Presupuesto no incluye algunas partidas que deberían constar claramente. Como ocurre, por ejemplo, con los 180 millones de euros correspondientes al canon del agua que la Junta ha cobrado a los usuarios y que no ha gastado en la construcción de infraestructuras hidráulicas según ha reconocido la propia Junta de Andalucía.

Falta de control

Una de las principales carencias de las cuentas públicas andaluzas es la falta de control del gasto que ejerce la oposición. Porque los diferentes grupos políticos tienen un limitado acceso a los gastos reales que cada consejería o agencia pública hace del dinero que le ha sido asignado. La Oficina de Control Presupuestario de la Junta ofrece datos pero no todo lo detallados que se demandan. Y siempre con tres meses de retraso. A esto se unen las modificaciones presupuestarias puesto que el Consejo de Gobierno o el consejero competente tiene en su mano hacer modificaciones en el presupuesto aprobado, siempre y cuando no superen, al final del ejercicio, el 20% de lo consignado inicialmente. Aunque también para esta norma hay excepciones.

Modificaciones en las leyes

La Ley del Presupuesto incluye también un texto articulado en el que se modifican algunas de las normas vigentes. Sin embargo, aparecen de manera desordenada en el texto, sin orden ni concierto, ni tampoco con debate específico sobre los asuntos que modifican. Estos cambios normativos se diluyen entre las grandes cifras del Presupuesto.

El impuesto de sucesiones

Es la medida estrella de las cuentas de la Junta para 2017 cuya paternidad se disputan PP, PSOE y Ciudadanos. Las reducciones prometidas van a suponer un ahorro de 125 millones de euros para los andaluces que hereden, ya que las bonificaciones a las que van a poder acogerse ascienden a esa cantidad según la Consejería de Hacienda. A partir del 1 de enero entra en vigor el mínimo exento que pasa de 175.000 a 250.000 euros, además de corregir el error de salto entre esta cantidad y los 350.000 euros. Las bonificaciones tienen, sin embargo, algunas zonas oscuras ya que sólo se permite la exención de pago de la vivienda habitual siempre y cuando el heredero haya vivido con sus padres al menos durante dos años antes de la muerte. Si no es así, hay que tributar por el bien que se hereda.