CASO ERE ANDALUCÍA
Guerrero se presenta como víctima de la «manipulación política y mediática» en el juicio del caso ERE
El letrado del principal acusado asegura que el proceso es «erróneo» y responde a un «beneficio político» para que el PP acceda al Gobierno de la Junta
En el caso de los ERE fraudulentos todos incurrieron en múltiples «errores», «incoherencias» y «contradicciones»... menos él. El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y uno de los principales acusados en el primer juicio de la macrocausa de los ERE se ha defendido este martes, a través de su abogado, atacando a la juez que inició la investigación, Mercedes Alaya ; al juez que cerró la instrucción de esta pieza, Álvaro Martín; a instructor del caso en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro; a la Fiscalía; a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; a los peritos de auxilio judicial que hicieron los informes de las 270 ayudas irregulares; a la acusación popular del PP y a la Junta de Andalucía. «Se ha efectuado un juicio que pretende un beneficio político », ha afirmado.
En la exposición de su informe final en el juicio que celebra desde hace casi doce meses en la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por implantar un sistema ilegal de ayudas a empresas en crisis y prejubilados, José Ávila, letrado de Guerrero, ha asegurado que el considerado por el PP como «el mayor escándalo» de corrupción «está viciado por la manipulación política y mediática».
El letrado de Guerrero presentó a éste como víctima de una estrategia partidista con la complicidad de distintas instancias judiciales. Llegó a preguntarse si el caso que se está enjuiciando es « un ilícito penal o más bien un problema político por el que el PP pretende acceder al Gobierno de la Junta de Andalucía».
En una intervención exenta de autocrítica y en la que solicitó la absolución para su cliente, el abogado del ex alto cargo del Gobierno andaluz que dio las ayudas irregulares hasta abril de 2008 ha argumentado que toda la instrucción del caso ERE «se asentó» sobre la «verdad» o una «idea zombie» basada en que hubo una malversación de 855 millones de euros de fondos públicos, cuando, a su juicio, «el dinero no ha sido defraudado». Prueba de ello es que ni la juez Alaya ni la Fiscalía ni la Junta de Andalucía, acusación en el caso ERE, ordenaron «cortar los pagos» a los prejubilados, relató.
De hecho, el letrado de Guerrero esgrimió que la Junta al no acusar a los 21 ex altos cargos de la Junta en este caso se reservó el ejercicio de fianzas de responsabilidad civil contra ellos, un derecho que caduca a los cinco años. Recordó que este comportamiento fue censurado por la juez Mercedes Alaya , que advirtió en una entrevista en ABC que la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, «podría malversar si no reclama los 850 millones» de los ERE.
En este punto, el juez llamó la atención al letrado para evitara reproducir manifestaciones «irrelevantes» para el juicio y le pidió que se abstuviera de realizar «descalificaciones» como tachar de «arbitraria» la actuación de la instructora Alaya. A renglón seguido, José Ávila aseguró que «si esos errores en la instrucción no se hubieran producido, no estaríamos aquí durante un año».
En su repaso por las distintas partes que han intervenido en el proceso, el abogado de Javier Guerrero sólo ha salvado a la actual instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños . Recordó que en un auto del 5 de octubre pasado referente a las ayudas concedidas para un ERE de la empresa pública Egmasa, la titular del juzgado que instruye las distintas piezas separadas del caso ERE afirmó que «son ayudas sociolaborales a los trabajadores» y no a las empresas que presentaron el ajuste laboral.
«De haberse hecho este ejercicio al inicio de la causa, no habría sido necesario este largo proceso , habiéndose quedado reducida a un 5 por ciento», a la parte de los «mal llamados intrusos» o trabajadores que cobraron ayudas por figurar en ERE de empresas donde no habían trabajado, ha afirmado.
En su informe, la defensa de Guerrero ha asegurado que los peritos de la Intervención del Estado elaboraron un informe «erróneo» porque « no han sabido fundamentarlo en la normativa adecuada », ya que las subvenciones «en la época de Guerrero» se concedieron al amparo de la orden del Ministerio de Trabajo de 1995 que regulaba las ayudas a la reestructuración de empresas porque las comunidades autónomas «no pueden crear un sistema propio». Añadió que este sistema no era opaco sino que no establecía la publicidad de las ayudas porque bastaba con la publicación de la orden, que además estipulaba la concesión directa de los fondos.
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