Un agente junto a un furgón de la Guardia Civil durante una redada en Sevilla
Un agente junto a un furgón de la Guardia Civil durante una redada en Sevilla - JUAN FLORES
Caso Avales

La Guardia Civil lleva cuatro años esperando los documentos para investigar una causa contra la Junta de Andalucía

Los agentes relatan a la magistrada Núñez sus continuas llamadas al juzgado para acceder a los expedientes y hacer su informe

SevillaActualizado:

Un 95% de los ciudadanos cree que la justicia no funciona bien y es lenta, según una encuesta de la Plataforma para la Mejora del Servicio de la Justicia. Si hay una causa de corrupción que ilustra esta visión pesimista de la Justicia, ése es el caso Avales, que se centra en la supuesta concesión ilícita de avales y préstamos a empresas por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), perteneciente a la Junta de Andalucía. La juez Mercedes Alaya abrió en enero de 2014 esta investigación como una rama de la macrocausa de los ERE fraudulentos.

La instrucción quedó interrumpida tras la llegada de María Núñez Bolaños al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en junio de 2015, en sustitución de Alaya, quien había ganado una plaza en la Audiencia de Sevilla. Hasta el punto de que el fiscal Anticorrupción, desesperado, reprochó a la juez que «el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente».

El MinisterioPúblico no ha sido el único que ha perdido la paciencia. En un oficio dirigido a la juez instructora, el teniente jefe del equipo contra el Crimen Organizado de Málaga de la Guardia Civil hace un relato cronológico de todas las dificultades con que se ha topado para hacer su trabajo. A la falta de colaboración de la agencia IDEA, primero, se sumó después su odisea para acceder a los expedientes.

Ha sido un lustro en barbecho. En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, la Guardia Civil asegura a la juez que «no ha podido emitir informe o atestado alguno» desde el 24 de febrero de 2015, cuando Alaya ordenó investigar los posibles hechos ilícitos que se pudieran haber cometido en la Junta.

Cambio de equipo policial

En un primer momento se encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) que estudiara los expedientes de forma coordinada con los peritos de la Intervención General del Estado. En mayo de 2015 la investigación fue derivada al equipo de la Guardia Civil de Málaga. Desde entonces hasta ahora «la única documentación» con la que han contado los agentes era la que le proporcionaron sus compañeros de la UCO en esa fecha. Poco después, Núñez relevó a Alaya al frente del juzgado. Con ella los agentes mantienen una primera reunión el 28 de junio de 2015, donde la instructora les informa de que la Fiscalía y la Audiencia están pidiendo informes sobre el caso Avales.

A los retrasos de la agencia IDEA para entregar expedientes se sumó luego la negativa «sistemática» de la juez a ordenar los informes que pedía la Fiscalía

«A partir del mes de agosto del citado año se intentó en reiteradas ocasiones mantener contacto telefónico con el funcionario encargado del procedimiento», relata la Guardia Civil. Todos los intentos fueron infructuosos. En el juzgado pretextaron, primero, que «estaban cambiando la ubicación de las dependencias y, posteriormente, que no existía funcionario que estuviera a cargo» de la causa.

Llegó noviembre de 2015. Los agentes logran por fin hablar con el funcionario encargado. Les informa de que «tras reiterados intentos no ha podido contactar con la autoridad judicial» para conocer «las líneas de investigación». Preguntan a la Intervención del Estado, que les indica que los peritos tampoco habían podido iniciar el informe porque «no habían tenido oportunidad de acceder al procedimiento».

«Tras varios intentos para concretar una cita», en febrero de 2016 la juez Núñez los recibe y les comenta que el caso sigue en el mismo punto muerto. En enero de 2017, los agentes se enteran de que la instructora ha rechazado un recurso de la Fiscalía para abrir una nueva línea de investigación. Entre 2017 y 2018 no cesaron las llamadas al juzgado, sin ningún avance. Hasta la emisión del oficio [12 de febrero de 2019], la Guardia Civil continuaba «sin tener acceso a la documentación necesaria para el correspondiente análisis», advierte en su escrito. De momento, a las partes no les consta que Núñez haya ordenado la entrega de los expedientes.