Gaspar Zarrías acusa al PP de intentar «politizar» el juicio de los ERE

La segunda sesión del juicio del caso ERE dedicada a las cuestiones previas ha comenzado este miércoles con la intervención del letrado de la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez , quien ha solicitado al juzgado que se excluya del proceso la acusación de un delito de asociación ilícita a los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que se sientan en el banquillo, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán . Este supuesto delito introducido por el PP andaluz, que ejerce la acusación popular en el juicio, está penado con hasta dos años de cárcel.

El abogado de Zarrías, que tomó la palabra en segundo lugar, también solicitó que se excluyera el delito de asociación ilícita. Argumentó que la acusación de este delito «se ajusta a los intereses del PP porque es un partido político y lo que intenta es politizar el juicio». Apuntó que tal acusación no puede sostenerse en la alusión a un supuesto concierto de actuaciones por parte del juez instructor Álvaro Martín en el auto de procedimiento abreviado, que dio por concluida la investigación. Martín imputó a los acusados delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos. «El tribunal no puede permitir y no tiene ninguna justificación» tal acusación, afirmó el abogado de Zarrías.

Sobre esta cuestión, Rafael Alcacer , defensa de Álvarez, ha señalado que la imputación de este delito es «sorpresiva» y «absolutamente inconcreta». Calificó de «inverosímil» que se haya producido un acuerdo expreso y tácito para delinquir entre 22 personas de distintos departamentos autonómicos (Empleo, Hacienda, Presidencia, Innovación y agencia IFA/IDEA) durante más de diez años. «No hay una relación clara, precisa y circunstanciada a hechos concretos que permita justificar tal acusación» ha afirmado el letrado.

Por otro lado, Gonzalo Martínez-Fresneda , abogado del exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, es la segunda defensa que pide la anulación de todas las actuaciones llevadas a cabo por el juez de refuerzo, Álvaro Martín, que envió al banquillo a los acusados después de que el pasado martes lo hiciera el letrado José María Mohedano, que defiende al exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y al expresidente José Antonio Griñán.

Manuel Salinero, abogado de Lourdes Medina , secretaria general de Empleo, también rechazó la acusación de un delito de asociación ilícita, que consideró absurda y pidió que fuera expulsada del procedimiento.