La Fiscalía impugna el recurso de la Junta de Andalucía al archivo del caso Avales
Los letrados de la Administración no vieron improdecente el sobreseimiento
Los fiscales delegados de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada han impugnado el recurso de reforma interpuesto por los letrados de la Junta de Andalucía contra el auto de la juez María Núñez por el que archivó el caso Avales de la Agencia IDEA.
Los fiscales piden la desestimación del mismo y ponen en evidencia que el recurso de los representantes de la Junta no se centraba en la decisión de sobreseer y archivar las actuaciones , sino que se refería solo al hecho de que la juez no accediera a deducir determinados testimonios que habían solicitado los letrados para investigar unos posible delitos de fraude de subvenciones y/o falsedad documental.
Esa visión del caso no es en nada compartida por los fiscales Anticorrupción que insisten en que los hechos relativos a la concesión de avales a determinadas empresas objeto de la causa «en ningún caso pueden ser constitutivos de delitos de fraude en subvenciones y/o falsedad documental , sino de prevaricación y malversación».
La juez Núñez archivó a finales de mayo la causa de los avales. Consideró la instructora que se habían «desvanecido» los indicios de apuntaban a que, de forma arbitraria e irregular, se favorecía a determinadas empresas. Para esta decisión la juez se apoyó en las tesis de las defensas y los propios letrados de la Junta, a pesar de ejercer estos la acusación , algo que supone una curiosa paradoja ya que hay defensas que se han basado en las tesis de la Junta para construir sus argumentaciones.
Los letrados de la Junta descartaron ir contra los ex altos cargos imputados, cuestionando que estos conocieran que «se hubieran falseado las solicitudes presentadas por las empresas» de fondos públicos. Así sólo pidieron que se incriminara a los empresarios por fraude de subvenciones, algo que la juez tampoco consideró como propio de la causa, invitando a la Junta a iniciar acciones legales si así lo estimara oportuno.
El nuevo Gobierno andaluz, que calcula el quebranto económico del caso Avales para con la Administración en 140 millones de euros -de los cuales 66 fueron a parar a 18 empresas que también recibieron ayuda de los ERE- respondió con circunloquios al informe de los letrados de la Junta, tan lejos del discurso regenerador de PP y Ciudadanos sobre corrupción.
El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo , anunció el 4 de junio que los letrados de la Junta recurrirían el archivo. En su recurso de reforma, como ahora pone en evidencia la Fiscalía en su impugnación, los letrados de la Junta pedían a la juez que reforme su auto de archivo para que sean investigadas las empresas beneficiarias de ayudas por fraude de subvenciones . Los abogados autonómicos no piden expresamente que sean investigados los políticos aunque añaden que se investigue a las empresas, «sin perjuicio de que en dichas diligencias previas que se incoen, resulten nuevos indicios de actos delictivos».
Noticias relacionadas
