La devolución de la paga extra se le atraganta a Susana Díaz

Las relaciones entre la Junta y los funcionarios nunca han sido fáciles. Las hostilidades alcanzaron su punto álgido con la ley de reordenación del sector público en 2011, que convirtió en empleados públicos por la puerta de atrás a miles de trabajadores de la Administración paralela y llevó la guerra a los tribunales. Finalmente, el Supremo se puso del lado de la Junta. Un año después llegarían los recortes para cumplir con el objetivo de déficit, que afectaron de lleno al bolsillo de los asalariados de la Junta (270.000 entre funcionarios, interinos, laborales y eventuales). Para terminar de agriar el ambiente, ahora se ha cruzado en el camino el compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de devolver a los funcionarios del Estado la mitad de la paga extra de Navidad pendiente desde 2012, suprimida por el plan de ajuste.

El anuncio del Gobierno del PP, a pocos días de una previsible convocatoria electoral, ha desarbolado por completo el calendario que había diseñado el Ejecutivo de Susana Díaz. La Junta no había recogido en sus presupuestos de 2016 los cerca de 570 millones de euros adicionales que le costaría abonar a sus trabajadores el 75 por ciento de la extra del citado ejercicio que aún le resta por pagar.

Protestas

Al Gobierno andaluz se la presenta una primavera caliente de protestas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato de la Administración, ha convocado movilizaciones en todas las provincias andaluzas para exigir a la Junta el abono del 75 por ciento pendiente, así como la restitución a los empleados públicos andaluces de todos los derechos perdidos, entre ellos la jornada laboral de 35 horas semanales. Hasta ahora la Junta sólo ha devuelto el 25% de la extra supendida durante el pasado mes de febrero.

El calendario de protestas fue acordado el Consejo Autonómico de CSIF Andalucía, máximo órgano regional del sindicato, reunido en Málaga a propuesta del comité ejecutivo que preside José Luis Heredia tras el anuncio del Gobierno central de devolver la extra a los funcionarios del Estado como muy tarde el próximo mes de mayo.

Según informa CSIF en un comunicado, la convocatoria de movilizaciones será «simultánea» en todas las provincias andaluzas los días 4 y 18 de mayo frente a «edificios emblemáticos» de la Junta, mientras que habrá una concentración conjunta de todos los delegados a nivel regional en Sevilla el 9 de junio frente al Parlamento andaluz coincidiendo con un Pleno de la Cámara.

El sindicato exigirá en sus movilizaciones que la Junta de Andalucía abone el 75 por ciento pendiente de la extra de 2012 «y restituya todos los derechos que los empleados públicos andaluces han perdido en estos años de crisis». Este colectivo, afirma, «merece, tras sostener con su esfuerzo y profesionalidad los servicios públicos a pesar de los recortes, el reconocimiento de su propia administración y la recuperación de todos los derechos cercenados durante estos años». Le piden sin rodeos que imiten al Estado y a otras comunidades que ya se han apresurado a devolver la extra.

«Regalito fiscal»

A la Junta ni siquiera le queda el consuelo de la dialéctica de las autonomías pobres y ricas, porque el gobierno extremeño, presidido por el socialista Guillermo Fernández Vara, ya ha restituido el 100% de la paga. Otras nueve comunidades prevén completar el reintegro a lo largo de este año.

La Junta de Andalucía ha salido en tromba contra la medida de Rajoy. El argumentario del PSOE apunta a una finalidad electoralista al tiempo que vuelve a la carga contra los recortes estatales. Su presidenta, Susana Díaz, criticó que las comunidades autónomas tengan que pagar ahora los «regalitos fiscales» de la etapa anterior al 20 de diciembre del ministro de Hacienda y el presidente del Gobierno, a quien acusó de llevar en campaña electoral «demasiados meses». Poco antes, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, advertía de «un tufo electoral impresionante» en la devolución de la extra. Preguntado sobre si la Junta seguirá estos pasos, no dio fecha. Se hará «en su momento, siempre que haya disponibilidad presupuestaria», justificó.