MEDIO AMBIENTE
El consejero que avaló el almacén de gas junto a Doñana pide ahora que se anule el permiso
Díaz Trillo aprobó el proyecto entre Almonte y Aznalcázar y ahora solicita al Congreso que tumbe su propia actuación
La última propuesta del PSOE para tumbar el proyecto de Gas Natural en el entorno de Almonte y Aznalcázar deja en evidencia, una vez más, la actitud errática que la Junta de Andalucía ha mostrado con esta iniciativa industrial. El grupo socialista ha solicitado al Congreso de los Diputados que haya un nuevo estudio de evaluación para este proyecto (que aprovecha yacimientos agotados para el almacenamiento de gas). Esta petición, que desacredita la propia evaluación ambiental que ya realizó la Junta de Andalucía entre 2007 y 2013, está firmada por el diputado José Juan Díaz Trillo, que es exactamente la misma persona que concedió en su día, como consejero de Medio Ambiente de la Junta, todas sus bendiciones a esta infraestructura promovida por Gas Natural (que está moviendo una inversión de 200 millones de euros). Bajo el mandato de Díaz Trillo se autorizaron las dos primeras fases del denominado Proyecto Marismas (los denominados Marismas Oriental y Aznalcázar), que recibieron la Autorización Ambiental Unificada (un trámite que dependía directamente de su Consejería).
Petroleum Oil & Gas —filial de Gas Natural— explota un conjunto de yacimientos de gas entre Sevilla y Huelva
Díaz Trillo culminó así un procedimiento que se había iniciado tres años antes. Hay que recordar que Petroleum Oil & Gas —filial de Gas Natural— explota desde hace tres décadas un conjunto de yacimientos de gas entre las provincias de Sevilla y Huelva, que se ubican solo parcialmente en el espacio natural de Doñana. A partir de 2007 es cuando Gas Natural planteó reconvertir estos yacimientos agotados en pozos para almacenar nuevo gas, reutilizando gran parte de la infraestructura que ya está instaladas en la zona y dividiendo el proyecto en cuatro fases en función de su ubicación (Aznalcázar, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Saladillo). Gas Natural comenzó de forma simultánea las gestiones administrativas para ejecutar las cuatro fases del proyecto y, en el caso de Marismas Occidental, logró que Díaz Trillo, siendo consejero, otorgara todos los permisos. De hecho, gracias a que la consejería de Díaz Trillo concedió su permiso, ya están funcionando como almacén con total normalidad. Díaz Trillo participó, por ejemplo, en el consejo de participación de Doñana del 14 de noviembre de 2011, en el que también se aprobaba las fases de Saladillo y Marismas Occidental.
En el caso de Marismas Oriental y Aznalcázar la compañía completó la misma tramitación, en la que intervienen diversas consejerías (especialmente Medio Ambiente). El proyecto llegó a sus dos últimos peldaños en 2013, momento en el que obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Ministerio de Industria, que debía integrarse finalmente en la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que concede la Administración autonómica.
Criterios políticos
En la parte final del proceso (en enero de 2013) todo se torció. Pero no fue por criterios técnicos, sino estrictamente políticos, ya que fue Diego Valderas (IU), entonces vicepresidente de la Junta, el que inició una campaña para detener la iniciativa (en una de sus pocas discrepancias en el seno del Ejecutivo de Susana Díaz). El PSOE cedió a las presiones de su entonces socio de Gobierno y la Junta dictó una resolución por la que se suspendió la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada. La rectificación llegó cuando Díaz Trillo no era consejero, pues este diputado socialista en ningún momento de su mandato hizo ninguna salvedad.
De hecho, la rectificación que ahora pide el PSOE al Congreso de los Diputados, con la misma firma del consejero de Medio Ambiente que dio luz verde al proyecto de Gas Natural, contraviene una sentencia reciente del Tribunal Supremo.
Cuando el PSOE cedió a las presiones Diego Valderas (IU) y suspendió la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), Gas Natural recurrió judicialmente esta decisión. A partir de ahí, el Gobierno de Susana Díaz recibió, a fines de 2016, una sentencia en contra del Tribunal Supremo , que dictaminó que la actuación del Ejecutivo de Susana Díaz ha estado «desprovista de cobertura normativa». El Supremo recordó que «la evaluación ambiental de los proyectos ha sido objeto de una completa tramitación por parte de la Junta, que ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones a lo largo del procedimiento, sin que haya planteado objeción alguna ni respecto a la tramitación ni respecto a las posibles afecciones significativas a Red Natura». Lo cual incide, nuevamente, en la actitud de Díaz Trillo. La sentencia del Supremo suspendió la resolución de la Junta por la que se detuvo la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) y le obligó a continuar con el proceso.
Gas Natural también ha promovido una reclamación patrimonial en el TSJA en el que valora el impacto económico de la paralización arbitraria de este proyecto en 358 millones de euros.
Noticias relacionadas
