Caso ERE
Los peritos del Estado acusan al Gobierno andaluz de la elaboración «fraudulenta» del presupuesto en los ERE
El experto propuesto por Magdalena Álvarez, en cambio, niega que la Junta engañara al Parlamento con el envío de un proyecto de cuentas ilegal
Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han afirmado este miércoles en el juicio de la pieza política del caso ERE que hubo un «fraude» en la elaboración de los proyectos de presupuestos de la Junta de Andalucía que recogían anualmente las partidas para financiar ayudas a empresas en crisis y pólizas de prejubilación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE).
La responsable de este supuesto «fraude» fue nada menos que la cúpula de la Junta de Andalucía, representada por el máximo órgano ejecutivo, el Consejo de Gobierno, que aprobaba los proyectos que luego remitía al Parlamento andaluz para su validación como ley, según ha señalado Ángel Turrión Macías, autor junto con otros cuatro interventores de los 275 informes solicitados por el juzgado para analizar las irregularidades en la macrocausa de los ERE.
Turrión ilustra al tribunal en esta materia, junto con otros ocho peritos, en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta , incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y/o malversación de fondos públicos por el reparto de 855 millones de euros en ayudas entre 2000 y 2011.
« Nunca hemos ninguneado al Parlamento de Andalucía . Nunca dijimos que la ley fuera errónea y fraudulenta, en ningún caso. Hemos dicho que el presupuesto de la Consejería de Empleo y del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -luego denominado IDEA- fue elaborado fraudulentamente», ha aclarado con vehemencia Turrión en este proceso judicial donde está acompañado por otros tres interventores del Estado que suscriben sus palabras.
Su respuesta iba dirigida a Juan Ramallo, que elaboró un contrainforme de parte encargado por la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez. Este experto criticó que los peritos del Estado estén preparando el terreno para «hacer una acusación tan seria como que el Parlamento aprueba una ley errónea, fraudulenta o ilegal, lo que da en el corazón del sistema democrático» al plantear la «inutilidad del Parlamento» .
Al hilo de esta afirmación, el interventor del Estado, con 40 años de experiencia en el control interno de la administración estatal, detalló que este supuesto fraude tiene su origen en el uso de un mecanismo de presupuestación , las transferencias de financiación, que nunca debió utilizarse para pagar subvenciones. Hay que recordar que la Consejería de Empleo daba las ayudas pero encargaba el pago a un ente externo, la agencia IFA/IDEA, lo que impedía controlar el destino del dinero, a juicio de los peritos y las acusaciones.
Turrión ha argumentado que las transferencias de financiación «debían ser destinadas de manera exclusiva a cubrir las pérdidas » del ente IFA/IDEA pero no al pago de subvenciones. De ser aplicado de forma distinta, como de hecho se aplicó, «debe ser reintegrado» a la Tesorería de la Junta de Andalucía porque sería nulo de pleno derecho.
El perito del Estado señaló que nunca han sostenido que la ley de presupuestos fuera errónea o fraulenta. «Lo que sí hemos dicho textualmente es que el Parlamento fue inducido a error . ¿Por quién? Por la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía porque el presupuesto estaba fraudulentamente elaborado», ha sentenciado ante el tribunal. Sobre el significado de la palabra «fraude» se ha remitido al Diccionario de la Real Academia de la Lengua en el sentido que ésta le da como algo «engañoso o falaz».
Juan Ramallo lamentó que, a su juicio, los peritos de la IGAE emitan argumentos que siembren cierta «confusión» o incertidumbre para, a su juicio, hacer creer que «en el Parlamento no se enteraron» de lo que aprobaban cuando dieron el visto bueno a las cuentas remitidas como proyecto de ley por el Consejo de Gobierno.
Por su parte, Juan Zornoza, que emitió el contrainforme de parte a propuesta de la defensa del exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, ha insistido, al igual que en la sesión anterior, en que la Consejería de Hacienda no tiene una capacidad decisoria en la elaboración del presupuesto, al contrario de lo que mantienen los peritos de la IGAE sino que es el Parlamento el que tiene «la única decisión real sobre cuánto se autoriza a gastar, a quién y para qué», mientras que el control del gasto reside en el interventor general de la Junta de Andalucía. «En la fase de presupuestación, el director general de presupuestos pinta muy poco, por no decir que no pinta nada», ha indicado.
Otro perito de parte, Juan Antonio Carrillo, que elaboró informes a propuesta de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, calificó de «sofisma» lo dicho por el perito del Estado acerca del Parlamento porque «parte de una afirmación falaz». «El Parlamento jamás ha sostenido lo que dice el señor Turrión, que las transferencias siempre se destinan a las pérdidas» de los entes públicos.
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