VIsta general de la ciudad de Almería
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La burocracia lastra el desarrollo urbanístico de 300 municipios de Andalucía

La Junta se pone como prioridad simplificar los trámites para que los planes de ordenación no tarden más de una década, como ocurre ahora

MálagaActualizado:

La nueva consejera de Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, afirmó ante el Parlamento andaluz en una de sus primeras comparecencias que «la actual ley de ordenación urbanística es un texto complejo, farragoso y poco operativo». Los datos del Gobierno regional le dan la razón, con todo lo que ello comporta en torno a huida de inversión en búsqueda de lugares más seguros jurídicamente. En la actualidad, unos 300 términos municipales de la comunidad están a la espera de una solución para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que los regula. Su reglamento de suelo se encuentra «atascado» en algún punto de la tramitación. Llegando a casos extremos, como es el municipio malagueño de Macharaviaya, que parecía iba a conseguir una aprobación después de 18 años.

La consejera acusa al anterior Gobierno de ser incapaz de aprobar una Ley del Suelo operativa. Y eso a pesar de que los diferentes Ejecutivos socialistas que han gobernado Andalucía sí que han regulado, y mucho, en este sentido. En total, en la Consejería de Ordenación del Territorio se contabilizan sobre unas 230 normas diferentes, entre leyes, decretos, ordenanzas o normativas de diferente ámbito. «Una maraña normativa difícil de descifrar», como explica Andrés Gutiérrez-Istria, secretario general andaluz de la Consejería.

Esta abundancia de regulación hace que las tramitaciones tengan una media definitiva para salir adelante de entre 8 y 10 años. En este sentido, entre los casos más graves que aún persisten, según la Consejería, está Almería, donde el PGOU está suspendido desde 2016. Caso parecido a Marbella en Málaga, que lo tiene anulado por el Tribunal Supremo desde 2015. Se suma que días antes el Supremo también tumbó el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol.

Por otro lado, pendiente de sentencia firme está Jaén, para ver si finalmente es tumbada su regulación de suelo. La misma incertidumbre que hay en Chiclana (Cádiz), donde esperan también que se dicte sentencia. En otro sentido, La Línea de la Concepción (Cádiz) está aguardando al documento de alcance desde hace seis meses y Utrera (Sevilla) a varias aprobaciones provisionales.

En Barbate (Cádiz), después de la aprobación provisional, el Ayuntamiento no ha continuado con el expediente ante los problemas planteados por los organismos sectoriales, como Medio Ambiente o Cultura, y el Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía (POTA). «En general ha habido una dejación de funciones a la hora seguir la documentación. Nos hemos encontrado informes en cajones», lamenta Gutiérrez-Istria, que dice que ya están planteando reuniones de trabajo para que los informes de estos organismos sectoriales no sean los que retrasen el proceso. Además, señala que en una futura legislación estos documentos «sólo se requerirán una vez». Hasta ahora se repiten hasta en tres ocasiones algunos de ellos.

Facilitar el trabajo

Carazo ya anunció en el Parlamento que se aprobará una instrucción que defina con claridad qué documentación tienen que presentar los consistorios para llevar a cabo una modificación urbanística y a la que se podrá acceder a través de la web de la Consejería. También se fijará un modelo de informe-tipo que facilite el trabajo y evite la dispersión actual.

Esto será hasta que se perfile una nueva legislación que comenzará, según José María Morente, director general de Ordenación del Territorio, por la derogación de muchos de los decretos vigentes. «Hay normativas que se contradicen entre sí», apunta, además de enumerar tres líneas básicas para una futura Ley del Suelo andaluz.

Por un lado, apuesta por «simplificar» toda esa «maraña» legal. Por otro lado, devolver competencias a los ayuntamientos y las diputaciones que la Junta de Andalucía había «sustraído». «Hay que confiar en los consistorios en temas como la aprobación definitiva de un plan general», afirma. Por último, la nueva Ley del Suelo debe garantizar que cada municipio va a tener un modelo de planeamiento. No será necesario hacer un PGOU completo para un Ayuntamiento pequeño. «No puede ser que tenga que hacerse un proyecto igual para el PGOU de Sevilla que para el de Macharaviaya que tiene 440 habitantes», remarca.