Medio Ambiente
Andalucía no logra saldar las cuentas con Europa en la depuración de aguas
Matalascañas el punto más negro que desdibuja el impulso de Gobierno y Junta en las infraestructuras necesarias para cumplir la directiva europea
Desde hace casi tres décadas, España ha sido a ojos de Europa la oveja negra en saneamiento de agua . De un rebaño que incluía también a Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Portugal e Italia. Hasta el año pasado, nueve municipios españoles seguían incumpliendo una normativa comunitaria de 1991 que obligaba a las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes a contar con sistemas colectores para las aguas residuales. Contaban con una fecha tope: 2001.
Pero la dejadez política y la habitual falta de coordinación entre administraciones han convertido el saneamiento en una enfermedad crónica, especialmente en Andalucía. Sobre la comunidad pesaba la losa de contar en su territorio con siete de esos municipios . Un problema grave teniendo en cuenta el déficit hídrico que sufre la región y las consecuencias sobre el medio ambiente, y también sobre el turismo, del vertido de estos residuos.
Esta irresponsabilidad l levó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sancionar a España en 2018 con una multa de doce millones de euros. Además, se contemplaba una sanción semestral de casi once millones hasta solventar el problema. Cierto es que Andalucía representaba el caso más sangrante, aunque la multa afectaba a un total de 17 municipios.
La sanción millonaria parece haber surtido efecto y ahora el camino empieza a despejarse . Tanto la Junta como el Gobierno central trabajan para saldar cuentas con Europa y se han impulsado varios de los proyectos pendientes, que se repartían en las provincias costeras de Málaga, Cádiz y Huelva.
La administración autonómica tiene competencias sobre cuatro de ellos: Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz) y Coín y Alhaurín el Grande, ambas en la provincia de Málaga . Del Gobierno central dependen las otras tres infraestructuras restantes: Barbate (Cádiz), Matalascañas (Huelva) y Nerja (Málaga).
Esta última podrá librarse pronto de la losa. El pasado 11 de octubre el Foro del Saneamiento Integral de la Costa del Sol denunció la paralización de las obras de la depuradora de este icono turístico del litoral malagueño. El Gobierno no tardó en reaccionar. A mediados de mes se retomaron los trabajos que, según han confirmado a ABC fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se prolongarán durante ocho meses.
De esa forma, las instalaciones estarían listas para el próximo verano, aunque pasarían seis meses en fase de pruebas. Las mismas fuentes aseguran que la infraestructura se proyectó en 2014 con un presupuesto de 23 millones de euros y que ese letargo de cinco años responde «a una modificación del proyecto para hacerlo menos agresivo» y evitar tener que levantar por completo la playa de Burriana, por donde discurren los emisarios de agua.
Colectores destrozados
Algo más complicada es la situación en Coín . Las terribles inundaciones del octubre del año pasado destrozaron los colectores que llevaban las aguas fecales de la localidad hasta la depuradora del Bajo Guadalhorce. Así que este municipio seguirá, por el momento, siendo uno de los puntos negros de la comunidad, aunque la Junta se encuentra ultimando los trámites para reanudar las obras.
Mientras tanto, en Alhaurín el Grande comienzan a ver luz a final del túnel. La localidad será una de las grandes beneficiadas de la futura depuradora Norte de Málaga. Y es que el presupuesto regional para la provincia contempla una reserva de diez millones de euros para licitar e iniciar los trabajos de construcción tras años en espera.
El que sí ha conseguido salir de la lista negra de la Comisión Europea ha sido el municipio gaditano de Tarifa . Lo hacía el mismo año de la sanción, en julio de 2018, cuando el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Ejecutivo de Susana Díaz, José Fiscal, entregaba la nueva estación depuradora de aguas residuales, en la que se invirtieron nueve millones de euros.
Fue posible gracias al protocolo acordado entre la sdministración autonómica y el Gobierno central para hacer frente a la directiva comunitaria. Contemplaba una inversión de 791 millones de euros para 149 actuaciones en Andalucía. De ellos, el Estado aportaría 231 millones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y la Junta 561 millones. E l 90 por ciento obtenidos a través del canon de mejora autonómico y el otro diez por ciento mediante los Feder.
Esperas en Barbate
De momento, Tarifa es la única que salda sus cuentas en la provincia de Cádiz. Habrá que esperar algo más para ver en funcionamiento la depuradora de Barbate, declarada de Interés General del Estado.
La infraestructura es competencia del Gobierno central, que el pasado octubre ya anunció la contratación de la empresa Aquatec para la redacción del proyecto de la estación depuradora. Dará soporte tanto a Barbate como a la localidad de Zahara de los Atunes, cuyas actuales instalaciones están obsoletas. Dará servicio a una población adicional de 39.241 habitantes, mucho mayor en verano.
Al otro lado del Guadalquivir está prevista para 2020 la puesta en servicio del colector de Isla Cristina, con 1,7 millones de euros de inversión. Hasta ahí bien, en lo que a la provincia onubense se refiere.
Porque por el contrario, en Matalascañas solo está sobre la mesa un proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones, cuando resolver la gestión de las aguas en este punto es especialmente urgente. La mala depuración no solo le ha costado perder la bandera azul de su playa este verano, sino que supone un grave peligro medioambiental dada su ubicación en pleno Parque Nacional de Doñana.
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