Chaves y Griñán y el resto de acusados, este lunes en el juicio del caso ERE
Chaves y Griñán y el resto de acusados, este lunes en el juicio del caso ERE - POOL
CASO ERE ANDALUCÍA

Quiénes son los ex altos cargos del caso ERE que se enfrentan a penas que suman 110 años de cárcel

La Fiscalía acusa de malversación de fondos públicos a quince ex responsables de la Junta de Andalucía

SevillaActualizado:

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de condena a seis años de cárcel y a treinta de inhabilitación al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación en el juicio del caso ERE. En el caso de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, solicita diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación. En total, la Fiscalía pide a la anterior cúpula de la Junta de Andalucía penas que suman 110 años de cárcel.

Acusados con ocho años de prisión

Sus conclusiones apenas han variado con respecto al escrito de acusación que presentaron en septiembre de 2016, antes de iniciarse el juicio. La Fiscalía pide ocho años de prisión por un delito de malversación y treinta de inhabilitación por el anterior delito y otro de prevaricación para diez ex altos cargos de la Junta de Andalucía: José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Acusados con seis años de prisión

Anticorrupción solicita una condena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 30 años por delitos de malversación y prevaricación para cinco encausados: José Antonio Griñán Martínez, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Gómez Martínez, Lourdes Medina y Jacinto Cañete. A estos dos últimos, exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo y exdirector general de la agencia IDEA, respectivamente, les ha rebajado la petición de condena de ocho a seis años de prisión.

Acusados sólo de prevaricación

El Ministerio Público mantiene su solicitud de 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Un solo exculpado

Anticorrupción ha retirado su acusación de prevaricación contra el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa, para el que inicialmente pedía 10 años de inhabilitación.

Son 21 los ex altos cargos acusados en el juicio del caso ERE. Están procesados en la pieza política del caso ERE por crear o sostener un «procedimiento específico» con el que del 2001 al 2010 la Junta dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis para eludir la fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria. Éstos son los acusados.

1. Manuel Chaves

Fue presidente de la Junta de Andalucía entre el 27 de julio de 1990 y el 7 de abril de 2009. Está procesado por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa. Como responsable máximo del gobierno de la comunidad, impulsó la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación (el sistema empleado para pagar las ayudas) y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones, con ausencia de control.

2. José Antonio Griñán

Consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009 y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013. «Como responsable de la Consejería de Hacienda, mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos como la falta de un procedimiento», según el juez que cerró la instrucción. Acusado de prevaricación y malversación.

3. Gaspar Zarrías Arévalo

Consejero de Presidencia desde el 17 de abril de 1996 hasta el 24 de abril de 2009. Era miembro del Consejo de Gobierno que aprobó las modificaciones presupuestarias relativas a los programas 22E y 31L. Como presidente de los denominados «consejillos», señaló el juez, «tuvo conocimiento del convenio marco de 2001 que instauró el sistema ilegal, de los procesos de modificación presupuestaria y de los dos proyectos de orden y tres de decreto con las que se trató de establecer un régimen para la concesión de ayudas sociolaborales, que terminase con la situación creada, dotando al sistema de una regularidad jurídica que superase los defectos expuestos, a pesar de lo cual no adoptó medida alguna para la modificación del régimen». Se le acusa de prevaricación administrativa.

4. José Antonio Viera

Consejero de empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 25 de abril de 2004, presidente de IFA-IDEA 2003-2004, la agencia autonómica que pagaba las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo. Está acusado de sendos delitos continuados de prevaricación y malversación y se enfrenta a 8 años de prisión. Viera «Suscribió con el viceconsejero de empleo, Antonio Fernández García, el convenio marco de 2001, en el que, entre otras cosas, se designaba al Director General de Trabajo [Francisco Javier Guerrero] como persona responsable de la concesión de estas subvenciones, pese a carecer este cargo de competencia para ello». «Permitió que IFA-IDEA fuese empleado como caja pagadora de subvenciones y ayudas» a sabiendas de que era irregular.

5. Antonio Fernández García

Viceconsejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 24 de abril de 2004, Consejero de Empleo entre el 25 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010, presidente del IFA-IDEA entre mayo de 2001 y el 2003. Acusado de los mismos delitos que Viera. En su condición de viceconsejero asumió el sistema ideado e impulsó de manera directa la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones. Omitió su deber de constituir la comisión de seguimiento de los convenios celebrados con la Dirección General de Empleo, pese a estar así previsto en el convenio marco.

6. Magdalena Álvarez Arza

Consejera de Economía y Hacienda entre el 2 de agosto de 1994 y el 7 de febrero de 2004. A diferencia de su sucesor en la Consejería, Griñán, está acusada sólo de un delito continuado dr prevaricación administrativa. «Para instaurar el procedimiento propuso, como consejera de Hacienda, y aprobó, en su condición de miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 22E y 31L, habiendo aprobado, como consejera de Hacienda la modificación de 7 de mayo de 2001», que implantó la dotación económica de los ERE.

7. Carmen Martínez Aguayo

Viceconsejera de Hacienda entre el 26 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009 y Consejera de Hacienda entre el 23 de abril de 2009 y el 9 de septiembre de 2013. Como responsable de la Consejería de Hacienda, mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones a sabiendas de sus irregularidades. Dio la cara por su jefe, José Antonio Griñán, y confesó que no le había mandado los informes del interventor que alertaban de que el procedimiento no era el adecuado. «Yo recibí los informes y nunca se los comenté», dijo. Se enfrenta a sendos delitos de prevaricación y malversación.

8. Francisco Vallejo Serrano

Consejero de Innovación entre el 25 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009, presidente IFA-IDEA en los años 2004 a 2009. En su condición de titular de la Consejería de Innovación, de la que dependía la agencia IFA-IDEA, «impulsó los anteproyectos de presupuestos de los años 2005 a 2009», que contenían la partida de los ERE, y «como miembro del Consejo de Gobierno aprobó los proyectos de presupuestos de la Comunidad andaluza para esos ejercicios, pese a que en ellos se contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA». «Omitió el deber de trasladar a los miembros del consejo rector los informes que se estaban presentando por la Intervención General de la Junta de Andalucía referentes al “procedimiento específico”, en los que se denunciaban sus irregularidades».

9. Agustín Barberá Salvador

Viceconsejero de Empleo entre el 26 de abril de 2004 y el 30 de abril de 2010. Como el resto de cargos relacionados, asumió el sistema ilegal ideado de reparto de las ayudas, formó parte de los consejillos, conocía las ampliaciones presupuestarias del fondo de los ERE y no comunicó las advertencias del interventor al consejo rector de IDEA/IFA. Está acusado de sendos delitos de prevariación y malversación.

10. Jesús María Rodríguez Román

Viceconsejero de Innovación entre el 19 de marzo de 2005 y el 1 de abril de 2010 y vicepresidente de IFA-IDEA entre los años 2005 y 2008. Se enfrenta a los dos delitos mencionados en el auto prácticamente por los mismos motivos que su antecesor en el cargo.

11. José Salgueiro Carmona

Viceconsejero de Hacienda entre 1990 y el 7 de febrero de 2004 y Consejero de Hacienda entre febrero y mayo de 2004, bajo el mandato de Magdalena Álvarez. Acusado de supuesta prevariación.

12. Francisco Javier Guerrero Benítez

Director General de Trabajo entre el 6 de octubre de 1999 y el 29 de abril de 2008. «Pese a carecer de competencia para ello, concedió 270 subvenciones a empresas y 617 ayudas sociolaborales», cuyo pago realizaba la agencia IFA-IDEA. «Era conocedor, por ser directamente responsable de su tramitación, de que estas ayudas y subvenciones carecían de un procedimiento administrativo». Asimismo, «incumplió el deber de comunicar a la Comisión Europea la concesión de las subvenciones» y de hacer un seguimiento de las mismas. Se enfrenta a delitos de prevaricación y malversación.

13. Juan Márquez Contreras

Director General de Trabajo entre el 29 de abril de 2008 y el 6 de abril de 2010. Sustituto de Guerrero y acusado de los mismos delitos, concedió 17 subvenciones a empresas y 114 ayudas sociolaborales mediante el mismo sistema irregular.

14. Juan Francisco Sánchez García

Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo del 14 de mayo de 2000 hasta el 2 de mayo de 2004, Secretario General Técnico de la Consejería de Innovación del 2 de mayo de 2004 al 1 de abril de 2010 y director de Administración y Finanzas IFA-IDEA desde mayo de 2010 al 30 de octubre de 2012. Acusado de prevaricación y malversación. Conoció que estas ayudas y subvenciones carecían de un procedimiento administrativo regular que amparase su concesión y mantuvo el sistema instaurado, pese a tener conocimiento de todas sus irregularidades.

15. Javier Aguado Hinojal

Secretario General de Trabajo entre 1994 y el 14 de mayo de 2000 y Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo del 2 de mayo de 2004 al 3 de mayo de 2008. «En el año 2000, impulsando la instauración de este sistema, participó en la gestión y tramitación de la modificación presupuestaria que se verificó en abril de ese año». Acusado de prevaricación y malversación.

16. Lourdes Medina Varo

Secretaria General Técnica de Empleo del 3 de mayo de 2008 al 17 de mayo de 2012. Se le atribuyen los mismos hechos supuestamente delictivos. Desde su cargo, «participó en el establecimiento del sistema de encomienda de gestión en el año 2010», un procedimiento que adolecía de defectos tales como ausencia de fiscalización previa a la subvención, o del ulterior destino de las mismas y la omisión del deber de publicación de las subvenciones y de comunicación a la Comisión Europea de su concesión. La Fiscalía le ha rebajado la pena de cárcel solicitada de 8 a 6 años por malversación de fondos.

17. Antonio Vicente Lozano Peña

Director General de Presupuestos del 21 de abril de 2002 al 26 de abril de 2009. Acusado de prevaricación.

18. Manuel Gómez Martínez

Interventor General de la Junta de Andalucía entre el 21 de mayo de 2000 y el 15 de abril de 2010. El juez le acusa de no adoptar medidas para impedir que se mantuviese un sistema en los años sucesivos a pesar de que no era el adecuado. De hecho, en el Informe Adicional de Cumplimiento emitido en el control financiero permanente de IFA-IDEA del ejercicio 2003, presentado el año 2005, desveló que se estaban concediendo subvenciones excepcionales por la Consejería de Empleo a través del sistema de transferencias de financiación a IFA-IDEA, para que ésta obrase como mera caja de pagos, eludiendo el preceptivo procedimiento para la concesión de subvenciones. También informó favorablemente a las ampliaciones de presupuestos de la partida 31L. Se le acusa de prevaricación y malversación. Está acusado de malversación por el PP y la Fiscalía, pero Manos Limpias lo ha exculpado.

19. Miguel Ángel Serrano Aguilar

Director General de IFA-IDEA entre junio de 2004 y mayo de 2008. Suscribió 42 convenios pese a conocer de las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales. Está acusado de malversación y prevaricación.

20. Jacinto Cañete Rolloso

Director General de IFA-IDEA entre el 14 de mayo de 2008 y el 22 de diciembre de 2009. Se le imputan los mismos delitos que su antecesor. Firmó 124 convenios pese a conocer de las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales.

21. Francisco del Río Muñoz

Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2008. Está acusado de prevaricación. Como miembro del Consejo Rector de IFA-IDEA no opuso reparo a la firma del convenio marco de 2001, ni a la de los convenios particulares, pese a conocer, por el cargo que desempeñaba, las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales que se articulaban a través de los mismos.