Urbanismo
Los últimos de El Perchel: una operación inmobiliaria borrará el castizo barrio de Málaga que citó Cervantes
Medio centenar de vecinos se enfrentan al desahucio tras la compra de la sociedad propietaria de sus viviendas por una promotora madrileña
El futuro de los inquilinos ha abierto una grieta en el Ayuntamiento forzando un pleno extraordinario a petición de los grupos de la oposición
A finales de enero se hacía pública la que va camino de ser una de las mayores operaciones inmobiliarias en el distrito Centro de Málaga capital. La promotora madrileña Dazia Capital Real Estate había cerrado la compra de la sociedad Vitrubio y, por consiguiente, se hacía con varios bloques de viviendas en el popular barrio de El Perchel. Desde entonces, la incertidumbre sobrevuela al medio centenar de vecinos que residen como inquilinos en las fincas adquiridas, que a pesar de su estado constituyen uno de las últimas edificaciones castizas de este barrio malagueño que Cervantes llegó a citar en el Quijote.
Salvo excepciones, la estética de lo construido de un tiempo a esta parte en esta zona situada en el margen oeste del Guadalmedina poco o nada tiene que ver con la esencia del barrio. En él se alzan ya bloques modernos e impersonales alejados de la tradición arquitectónica que antaño llenó de corralones El Perchel.
¿Cuál será el futuro de los vecinos? Esa es una de las cuestiones a las que se pretende arrojar luz en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento que han forzado los grupos de la oposición -PSOE y Unidas Podemos- para instar al equipo de Gobierno a buscar soluciones a la expulsión. El problema afecta a una manzana de edificios de planta baja más tres pisos que acogen varios locales comerciales y hasta 158 viviendas, aunque no todas están habitadas.
A la espera de lo que determinen los estudios técnicos, la nueva propietaria pretende construir una promoción de mayor altura que acoja entre 122 y 169 viviendas. Y la ejecución del proyecto se antoja tortuosa para todas las partes implicadas. En primer lugar, para los vecinos, que se niegan a abandonar el barrio, pero también para la empresa, pues al margen de estos 50 inquilinos que pagan legalmente alquileres de renta antigua y moderna, deberán hacer frente a los okupas que se han apropiado de una veintena de inmuebles.
«No estamos dispuestos a salir de aquí» , explica a ABC Enrique Gutiérrez, portavoz de la plataforma «El Perchel no se vende». Hace 36 años que llegó junto a su familia a uno de los pisos de la propiedad y es rostro protagonista en este desalojo anunciado, el cual se niegan a asumir como un capítulo más en el proceso de gentrificación del casco histórico de Málaga y sus barrios circundantes. «Nosotros no nos negamos a que se rehabiliten, pero tenemos que ser reubicados. Hay 22 bloques y casi 20.000 metros cuadrados, así que, si se quiere, hay posibilidades», sostiene.
Por las características de los contratos se dibuja un panorama distinto para cada vecino. Los inquilinos de renta antigua -unos 15- cuentan con contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamiento de 1985, por lo que les correspondería una indemnización económica en función de sus años de residencia en el inmueble o, en su defecto, que la promotora los realojara. Pero la mayoría cuenta con alquileres fuera de esa normativa y, en términos generales, la propiedad tiene la potestad de rescindir sus contratos.
Amigos de la infancia de Enrique Gutiérrez, como Paco Colomo, de 71 años, llevan toda su vida residiendo en estos edificios, ocupados principalmente por personas en riesgo de exclusión social, pensionistas con pagas muy reducidas, así como inmigrantes con familias numerosas y sin trabajo estable , según explica el portavoz.
Hace un par de semanas empezaron a llegar «con cuenta gotas» las cartas de la empresa anunciando la fecha de vencimiento del contrato e instándoles a coordinar con el administrador la entrega de llaves. Unas misivas que perciben como ultimátum a pesar de que desde Dazia han subrayado la voluntad de la compañía en «ayudar» y abordar con cada uno de los vecinos su casuística particular.
El principal argumento en el que se escudan los inquilinos, y el primero en defender los grupos de la oposición que les han mostrado su apoyo, tiene que ver con el Plan Especial de Protección de Reforma Interior (Pepri) 'Perchel Sur' , el cual afecta a la manzana en cuestión.
La norma municipal recoge que no sólo se han de recuperar y conservar la «estructura urbana» y la «tipología edificatoria» en los procesos de rehabilitación, sino también que a través de las actuaciones se debe mantener a la población existente y captar nueva. Algo que, según consideran, choca frontalmente con el proceder de la empresa propietaria y es lo contrario de lo que ha ocurrido en una zona que las últimas décadas ha perdido su esencia.
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