El millonario botín del «pirata fiscal» de la Costa del Sol

«Invisible tributario» o «deslocalizado fiscal». Dos términos que emplean los investigadores que luchan contra el fraude fiscal con el que definen a un empresario afincado en el Costa del Sol que consiguió amasar una fortuna de 25 millones de euros. Un individuo que parecía «no haber roto un plato», con potencial económico para vivir en la prestigiosa urbanización La Zagaleta de Benahavís y que se desplazaba en un Rolls-Royce valorado en 400.000 euros. La Guardia Civil de Málaga y la Agencia Tributaria han logrado atraparle tras un largo tiempo de investigación y meses de paciencia.

Como el legendario pirata holandés protagonista de historias y cuentos marinos, los agentes decidieron bautizar la operación como «Davy Jones», y no solo por la coincidencia de nacionalidad con el detenido, sino por el impresionante «tesoro» que había logrado amasar supuestamente defraudando al fisco.

Fuentes consultadas por este periódico señalaron que los funcionarios de ambas instituciones han trabajado concienzudamente para tenerlo todo bien «acreditado» porque el detenido «estaba muy bien asesorado».

El Instituto Armado explicó en un comunicado que el arrestado –que desde hace 20 años venía dirigiendo actividades empresariales fraudulentas en España– eludía a las autoridades tributarias españolas ocultando su verdadera identidad y su residencia habitual, utilizando para ello estructuras opacas y documentación de Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña y España.

Las pesquisas se iniciaron en 2013 como consecuencia de un expediente de investigación de los órganos de Inspección de la Agencia Tributaria y su culminación se ha retrasado por los continuos viajes al extranjero del sospechoso.

Los equipos de investigación de dicho organismo iniciaron el control y seguimiento sobre la actividad empresarial y personal del investigado, con lo que lograron «demostrar que poseía una red de colaboradores que le asesoraban en el diseño de las estructuras opacas y en el ocultamiento de la residencia fiscal, así como en la  supuesta inversión de los beneficios».

Fueron los seguimientos de los agentes del Grupo II de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil los que ayudaron a «acreditar de manera fehaciente tanto su residencia habitual como la actividad empresarial desplegada en nuestro país».

Tras dos años de investigación, los responsables del caso han procedido al arresto de esta persona, la cual había tejido en torno a un negocio de venta de gafas por internet, con sedes físicas en varios países, un entramado de sociedades que le sirvieron como tapadera para ocultar su verdadero patrimonio durante más de 20 años.

La proximidad geográfica de la colonia británica de Gibraltar, donde el detenido disponía de sociedades matrices y cuentas bancarias -todo ello como instrumento fundamental para la defraudación cometida en España-, fue determinante para que eligiera el núcleo poblacional marbellí de San Pedro Alcántara como centro principal de su actividad empresarial.

La citada fuente explicó que el empresario, mientras permanecía en España vivía, exhibía un alto nivel de vida que le permitía disfrutar de una mansión en la exclusiva urbanización La Zagaleta de Benahavís, donde se dijo que iba a adquirir una villa el presidente ruso, Vladimir Putin.

Para sus desplazamientos utilizaba vehículos de lujo, alguno de ellos –como un Rolls-Royce– valorado en más de 400.000 euros y practicaba actividades recreativas, tales como la navegación en yates. Esta situación contrastaba con su completa omisión a la hora de declarar sus verdaderos ingresos económicos ante la Hacienda Pública española.

Los responsables del caso realizaron varios registros en distintos inmuebles y sedes profesionales ubicados en los términos municipales de Marbella, Benahavís, en la provincia malagueña, y Sotogrande (Cádiz). Además, se ha embargado provisionalmente todo el patrimonio vinculado con la defraudación llevada a cabo por el detenido y se han bloqueado una veintena de cuentas bancarias de las que es titular.

En la operación también han participado expertos en delincuencia telemática de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, así como por inspectores y técnicos de los equipos de investigación y de la Unidad de Auditoría Informática de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía.