Juzgan a Marisol Yagüe 17 años después por enchufar a su marido en el Ayuntamiento de Marbella

La exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, será juzgada 17 años después por enchufar a su marido en el Ayuntamiento de Marbella en 2003, tras ser elegida alcaldesa por la moción de censura contra julián Muñoz ese mismo verano. La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto iniciar este miércoles el proceso contra la exregidora por los delitos de prevaricación y malversación. El juicio continuará el 9 de noviembre.

Supuestamente, la regidora, su marido y el gerente de la empresa municipal, cometieron estos ilícitos al designar a la pareja de Yagüe como coordinador en un área del Consistorio saltándose los procedimientos legales establecidos . El Ministerio Público asegura que la intención de los procesados era apoderarse de fondos públicos bajo apariencia de una mayor actividad laboral , que realmente no se prestó.

Según la Fiscalía, Yagüe designó verbalmente a su entonces marido como coordinador general de Hacienda «sin ajustarse a procedimiento legal alguno» . El nombramiento no fue autorizado por la comisión de gobierno, la junta de gobierno local y no se dio cuenta del mismo en el pleno, ni se dictó el decreto pertinente. Además, no se adecuó tampoco a los convenios colectivos vigentes en ese momento en el Ayuntamiento de Marbella.

De esta forma, se expone que el marido pasó a cobrar entonces un sueldo neto medio mensual de 3.194 euros hasta julio de 2004. El Ministerio Público señala que en agosto de dicho año, la entonces alcaldesa ordenó al gerente de la sociedad que incrementara el salario a su cónyuge, que comenzó a ser retribuido con un importe neto de 4.808 euros. Aumento que se hizo a petición del marido de Yagüe.

La acusación popular entiende que se produjo por parte del entonces matrimonio un apoderamiento de 37.146 euros en los periodos de agosto de 2004 a mayo de 2006. Por otro lado, al gerente de la empresa se le acusa porque «consintió y ejecutó los pagos con pleno conocimiento de su ilegalidad».

Por esta razón, acusa de dos delitos de prevaricación, uno de ellos en concurso con otro de malversación de caudales. El fiscal pide cinco años de prisión , multa de 3.600 euros e inhabilitación durante diez años para cada uno de los acusados. Además, se insta a que solidariamente indemnicen al Ayuntamiento de Marbella en la cantidad de 37.146 euros.