Bruselas pide a España que recupere 140 millones de ayudas al Anillo Ferroviario de Antequera

Duro varapalo de Bruselas a uno de los proyectos estrella del PSOE de Zapatero en Andalucía. La Comisión Europea ha ordenado este lunes a España recuperar la ayuda estatal concedida al administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF para el centro de ensayos de alta velocidad en Málaga, al considerar que es «incompatible» con las normas comunitarias de competencia. En total, exige la devolución de 140,7 millones de euros.

Se trata de una parte del Anillo Ferroviario, una especie de lugar de pruebas, vieja idea del ejecutivo socialista que fue vendida a bombo y platillo y abandonada al poco de iniciarse pero que aún hoy siguen reclamando líderes de ese partido a nivel local. Y ello a pesar de conocerse, de un lado, el nulo interés privado por el proyecto, y por otro, que Bruselas había abierto ya hace un año una investigación sobre la idoneidad de dichas ayudas

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«La Comisión ha llegado a la conclusión de que la ayuda concedida por España a ADIF para la construcción de un centro de ensayos de alta velocidad en Andalucía no corresponde a un auténtico objetivo de interés común», ha indicado la CE en un comunicado, en el que añade que, «en particular, no contribuye a promover un desarrollo sostenible de la región».

El Ejecutivo comunitario asegura haber realizado una «investigación pormenorizada» de los planes españoles de financiación de todos los costes de inversión del proyecto, por importe de 358,6 millones de euros, para la construcción del Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF), cerca de Málaga.

El CEATF es un circuito ferroviario en el que los trenes pueden circular a muy alta velocidad (hasta los 520 kilómetros por hora), con instalaciones adicionales para el ensayo, la homologación y la puesta a punto de material ferroviario y de elementos de infraestructura y superestructura, apuntó la CE.

Según los planes notificados por España a la Comisión en septiembre de 2013, la financiación pública debía otorgarse a ADIF, que sería el propietario del CEATF.

La investigación de la CE revela que, «de hecho, España ya pagó a ADIF, a partir de 2011, 140,7 millones de euros, antes de que la Comisión adoptara su Decisión» sobre la concesión de las mismas, con lo que "infringió las normas de la Unión Europea".

Además, las pesquisas apuntaron a que el proyecto «no se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales», ya que «no responde a un auténtico objetivo de interés común».

«No parece existir ningún interés en el mercado por desarrollar productos que funcionen a esas altas velocidades, ya que no serían comercialmente viables», precisa.

La Comisión afirma asimismo que «a falta de demanda de tales servicios específicos, el uso de las instalaciones del CEATF se limitaría, en la práctica, al ensayo de trenes y equipos hasta las velocidades comercialmente viables de 320 a 350 kilómetros por hora, para las que ya existen centros de ensayo en la UE».

«Ya se realizan ensayos en redes ferroviarias comerciales. El CEATF no haría sino duplicar esas infraestructuras existentes», apostilló.

Por otra parte, la CE indica que, a pesar de la financiación pública otorgada, «ningún inversor privado manifestó su interés por participar en la financiación», y recalca además que de hecho «se esperaba que el CEATF generase pérdidas durante todo su período de funcionamiento».

Por otra parte, la Comisión considera que el proyecto «no contribuye al objetivo de promover el desarrollo sostenible de Andalucía», y que «solo tendría escasos efectos a corto plazo mediante la creación de empleos temporales en el sector de la construcción durante la construcción de la infraestructura».

En su opinión, el coste público "habría sido desproporcionadamente alto" y España "no consiguió demostrar" que las ventajas del proyecto compensaran los costes de construcción y las pérdidas de explotación.

Así pues, "la financiación pública crearía un falseamiento de la competencia, al subvencionar a un nuevo participante en el mercado", concluyó, por lo que consideró que "la ayuda es incompatible con el mercado interior y ha ordenado a España recuperar de ADIF los fondos que ya le han sido abonados".