Municipal
Polémica en Huelva por una avalancha de multas de tráfico con hasta diez años de antigüedad
Miles de sanciones llegan a los hogares onubenses y el Ayuntamiento mantiene que fueron impuestas bajo mandatos del PP y que la ley obliga a darles trámite
La masiva llegada en las últimas semanas a los hogares de Huelva de notificaciones de multas de tráfico y de la zona ORA impuestas hace años, algunas hasta con una década de antigüedad, ha desatado la polémica entre los ciudadanos y ha forzado al Ayuntamiento de la capital a salir al paso de la polémica.
Contra las voces que se han levantado acusando al actual gobierno a querer llenar las arcas municipales y a raíz de las denuncias de afectados en distintas zonas de la ciudad, la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Villadeamigo , ha afirmado que las sanciones se impusieron en anteriores mandatos del PP y que la Ley obliga a darles trámite. «Por la nefasta gestión de los mismos no han dado la cara a los afectados hasta este año, obligándonos la Ley a ponerlas ahora al cobro en periodo ejecutivo so pena de incurrir en un delito».
«Los entendemos y estamos indignados por lo nefasta que ha sido la gestión del PP para los onubenses y para el Ayuntamiento. Estamos preocupados y ofreciendo las soluciones que nos permite la Ley en esta situación», ha manifestado.
Según la edil, se ha buscado una alternativa legal para ofrecer garantías a los afectados, de modo que los ciudadanos deben personarse en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria -en las sedes ubicadas en la calle San Salvador , en La Orden o Isla Chica , así como en la oficina municipal de Pío XII , frente al Parque de Bomberos-, para rellenar el formulario que «les permitirá suspender automáticamente su procedimiento, que pasará a revisarse con lupa para que nadie pague lo que no le corresponde pagar».
Los informes técnicos y de fiscalización, ha explicado, obligan al Ayuntamiento a poner las multas al cobro ya que tampoco permite –según Ley- hacer un decreto de suspensión de todos los expedientes, «caso en el que se incurriría en un delito de prevaricación ».
Villadeamigo ha indicado que el anterior equipo de Gobierno del PP llegó a encomendar la gestión recaudatoria a empresas privadas que costaron siete millones de euros a la ciudad y que posteriormente «optó por crear un servicio de recaudación propio al que en ningún momento se le dotó de los medios necesarios materiales y humanos».
La actual teniente de alcalde ha relatado que se encontró hace unos meses ante la obligación de tener que remitir estas deudas para su cobro en período ejecutivo, fue la primera sorprendida ante el hecho de «que el procedimiento recaudatorio de tan importante número de liquidaciones tributarias y sanciones, generados hace incluso más de 10 años, aún continuara ejecutándose. No habían prescrito, eran procedimientos vivos».
Tras solicitar un informe al Servicio de Recaudación Municipal, respecto a la naturaleza y la exigencia de estas deudas, el departamento informó que las multas no habían prescrito y el Consistorio tenía la obligación de exigir su cobro, ha afirmado.
