CASO EDU
Archivada la pieza principal de la causa de los cursos de formación a pesar de «existir indicios de delito»
La retirada de las acusaciones ha sido el motivo de esta situación ya que tanto la Junta como el Ministerio Fiscal han pedido el archivo del procedimiento
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha acordado el sobreseimiento y archivo de la pieza principal de la causa de los cursos de formación en la provincia tras la petición de las dos acusaciones, la Junta de Andalucía y la Fiscalía, a pesar de que ve indicios de prevaricación.
En este procedimiento estaban siendo investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos el que fuera delegado de Empleo en la provincia y otras seis personas.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez pone de manifiesto que «en el procedimiento penal es imprescindible para la continuación del procedimiento abreviado que exista una acusación previa» y que en este caso tanto la Junta como acusación particular como el Ministerio Fiscal como acusación pública han reclamado el archivo de la causa.
El magistrado señala en la resolución que, en su recurso contra el auto de procedimiento abreviado, la letrada de la Junta «parte de la consideración de que no se ha cometido irregularidad alguna en las distintas etapas del proceso administrativo de concesión de subvenciones y mucho menos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos».
Por el contrario, el juez se pregunta si las situaciones que la letrada de la Junta «considera normales y totalmente legales se sustentarían o permitirían en una empresa privada, o en una economía doméstica» y prosigue señalando que «el mismo celo que toda persona tiene sobre sus propios bienes, es exigible a los funcionarios públicos respecto a sus funciones y al dinero público que manejan».
El juez dice que, por todo lo anterior, no comparte la visión de los hechos mantenida por la letrada de la Junta y discrepa igualmente del escrito de sobreseimiento presentado por la Fiscalía, ya que, a su juicio, en este caso «concurre el elemento subjetivo necesario para la conformación del tipo penal de prevaricación».
Por ello, señala que «existen suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas».
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