El testigo clave del caso Nazarí: «Me apartaron a una oficina solo y sin trabajo»

Con la voz frágil y encogida declaró Jacobo de la Rosa, testigo clave del caso Nazarí. El director de Urbanismo sufrió acoso laboral continuado en el Ayuntamiento de Granada, siempre según la versión que ofreció a la juez que está investigando una presunta «organización criminal» que operaba el Consistorio. El arquitecto municipal relató un calvario que le ha generado graves problemas físicos y psicológicos. Por no ceder a las amenazas de la exconcejal de Urbanismo y otros compañeros, De la Rosa acabó defenestrado en una oficina fantasma del Albaicín como «castigo».

Los problemas de Jacobo de la Rosa comienzan en 2010 cuando se opone a emitir informes favorables a operaciones urbanísticas «en contra de los intereses de la ciudad».

El entonces director general de Urbanismo se negó a que el Ayuntamiento recuperara unos terrenos «por el doble de su valor», los cuales habían sido vendidos a un empresario que aún adeuda dinero al Consistorio. «Yo quería que nos pagasen lo que nos deben y después, legalmente, le he podíamos hacer la tramitación urbanística», aseguró De la Rosa.

El SMS y la reunión con Torres Hurtado

El exalcalde popular Torres Hurtado, investigado por ocho delitos, quiso desbloquear la situación y convocó una reunión a la que también acudieron su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y Manuel Lorente, el director técnico. De la Rosa fue el único que se opuso: «Entendí que me daban la razón, se callaron porque no tenían argumentos». Pero Jacobo de la Rosa se percató de que estaban «fraguando» el expediente a sus espaldas y decidió registrar oficialmente un escrito en el que daba cuenta de su oposición a la operación urbanística, tal y como le había manifestado ya a Torres Hurtado, Nieto y Lorente.

La concejal le respondió por SMS: «No puedo hablar porque hay testigos, pero mañana se va a liar con el escrito que has presentado a traición». «El primer traicionado y engañado soy yo», le contestó el director de Urbanismo. Este documento ha sido aportado al sumario al que ha tenido ABC, que está siendo investigado por María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada. ABC ha accedido este voluminoso sumario de entre 15.000 y 18.000 folios.

Desterrado al Albaicín

Aquella situación se repitió con diversos expedientes. En 2012, Jacobo de la Rosa no podía más. Llevaba unos meses «aguantando», tal y como le había pedido Sebastián Pérez, según afirma en un correo que el arquitecto municipal le escribió al entonces presidente de la Diputación granadina. De la Rosa dio el salto del Ayuntamiento a la Diputación en enero de 2013. A pesar de que ya no pertenecía a Urbanismo, la concejal y otros compañeros le habrían presionado en diversas ocasiones para que «rectificara» un informe sobre unas obras que calificó de «ilegales».

El exalcalde popular, a petición de Isabel Nieto, le solicitó a Sebastián Pérez –también presidente del PP en la provincia– que Jacobo de la Rosa regresara al Ayuntamiento porque era imprescindible. Y volvió. Regresó para trabajar en el ostracismo.

La ansiedad de Jacobo de la Rosa era tal cuando regresó a Urbanismo que se vio obligado a darse de baja. Al poco tiempo trató de retomar su actividad, aunque no con normalidad. El arquitecto fue apartado de su puesto de trabajo: «Me mandaron tres meses a una oficina del Albaicín solo, aislado y sin trabajo». Allí le requerían informes «de lo que no hacía» todas las semanas: «No me mandaban nada. Al final me dijeron que me iban a abrir un expediente y me vine abajo [...] Sabían que yo no estaba bien psicológicamente».

Más posibles casos de acoso

Jacobo de la Rosa no habría sido el único funcionario represaliado: «Hay otros compañeros que han estado también amenazados por hacer informes en contra de las directrices de la concejal, del equipo de gobierno o del alcalde». Todo apunta a que Urbanismo operaba con dos tipos de informe –positivo y negativo– en la tramitación de licencias. Uno y otro se expedían en función de los pagos que hiciera la empresa al Ayuntamiento.

Esta forma de operar, sostenida por la juez en sus interrogatorios y denunciada también por algunos empresarios investigados, generaba tensiones internas en la Concejalía. La tramitación de ciertos expedientes quedaba en manos de aquellos trabajadores afines a la presunta trama. No todos los funcionarios estaban dispuestos a pasar por el aro, como fue el caso de Beatriz Sánchez o Cristina Jiménez.