Los socialistas se suben al tren de la crisis del AVE a Granada

El PSOE andaluz no ha perdido la ocasión de criticar al Gobierno de Mariano Rajoy al calor del conflicto generado por la decisión de la firma adjudicataria de un tramo de las obra del AVE a Granada, una Unión Temporal de Empresas (UTE),+ formada por Dragados y Tecsa, de rescindir el contrato.

Los socialistas, según su secretario de Política Institucional, Francisco Conejo, lanzarán una «ofensiva» en todas las instituciones en las que están representados contra el Gobierno central para que deje de «discriminar y marginar a Andalucía» en lo que se refiere a las infraestructuras ferroviarias, y para exigirle que ponga fin a los trabajos que están pendientes de concluir. Y es que según Conejo, «el PP está frenando el empleo y el desarrollo de Andalucía al negarnos las infraestructuras ferroviariass que nos corresponden».

Mientras, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y el alcalde de la capital, Francisco Cuenca, remitieron ayer sendas cartas al Ministerio de Fomento y a Adif (responsable de las infraestructuras ferroviarias), para reclamar que se les informe de los planes para restablecer el tráfico ferroviario tras dieciséis meses de «aislamiento».

En las misivas trasladan su «profunda preocupación» por la prórroga de al menos hasta diciembre del corte de las vías del ferrocarril en Granada y la petición de la adjudicataria del tramo de AVE en Loja de rescindir el contrato. Por su parte, el PP de Granada celebró la iniciativa de la empresa, aunque también lamentó que haya llegado «muy tarde», con un «daño irreparable» para esta provincia andaluza. El secretario general de los populares granadinos, Santiago Pérez, afirmó en un comunicado que la concesionaria ha «jugado» con los intereses de Granada, al pensar quizá que el calendario electoral le iba a permitir una mejora sustancial del contrato firmado en su día.

Y de otro lado, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, terció en la polémica y manifestó que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, tras conocer la petición de la rescisión del mencionado contrato de obra, ha dejado claro que se trata de un problema «que no lo genera el Gobierno» sino que «son problemas de la empresa».

Sanz explicó que se está analizando la situación para buscar soluciones «que permitan seguir con la obra lo más rápido posible», pero advirtiendo de que «sin saltarnos la ley». Según el delegadodel Gobierno, la empresa propone el modificado y el cambio presupuestario y plantea «un incremento del coste de la obra del diez por ciento».