El exalcalde socialista de Castril, Juan José López Ródenas.
El exalcalde socialista de Castril, Juan José López Ródenas. - Ideal
Granada

Procesan al exalcalde de Castril por el gasto de 47.000 euros en taxis

El juez considera que el exregidor socialista del pueblo de Granada actuó «a sabiendas de su irregularidad»

GranadaActualizado:

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar ha concluido la instrucción de la causa contra el exalcalde de Castril, el socialista José Juan López Ródenas, para la que se ha acordado el procedimiento abreviado. El exregidor ha sido procesado tras ser acordado el procedimiento abreviado por el gasto en taxis de 47.246 euros durante su mandato en el pueblo de Granada.

Estos desplazamientos serían supuestamente «ajenos a su función pública». En un auto, del que informa Europa Press, el juez expone que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de «indicios racionales de criminalidad» por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación por parte del exalcalde. Las partes tienen diez días para formular escrito de acusación, pidiendo la apertura de juicio oral o el archivo del caso.

López Ródenas, en su condición de alcalde, entre enero de 2008 y junio de 2011, está imputado por autorizar algunos de los desplazamientos en taxi presuntamente «ajenos a la función pública que ostentaba, con cargo a las cuentas del Ayuntamiento, sin que existiera relación alguna entre los citados desplazamientos y el referido cargo público, al no haberse acreditado el motivo de su realización».

El juez considera que lo hizo «a sabiendas de su procedencia ajena a la función pública y, por ende, irregularidad», cuando era el exalcalde «el responsable de dar el visto bueno a las facturas emitidas por los viajes realizados». Sin embargo, otras facturas «ni siquiera constan en el listado de contabilidad del Ayuntamiento», según se expone en el auto de procedimiento abreviado, fechado el 16 de mayo.

Ya condenado

El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ya condenó a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a José Juan López Ródenas por un delito de prevaricación administrativa al incluir a un familiar entre los beneficiarios de un programa de subvenciones para la rehabilitación de infravivienda sin cumplir los requisitos legalmente establecidos, permitiendo que obtuviera una ayuda de 36.119 euros.