Guerra abierta en la Policía Local de Granada

El culebrón sobre los supuestos comentarios machistas acerca del físico de la concejal popular María Francés en boca del nuevo jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, ha hecho eclosionar una verdadera batalla de poder en el seno del cuerpo.

El PP y Ciudadanos se unieron en el último pleno por primera vez desde ante la cerrazón del equipo de Gobierno del socialista, del PSOE, a mostrar la información del expediente abierto para aclarar qué dijo exactamente el intendente Moreno sobre Francés en una sesión formativa con veinte agentes.

Como afectada, la concejal, anterior responsable de la Policía Local, anunció que va a «pelear» hasta que le muestren las declaraciones que hicieron en esta investigación reservada los agentes que estuvieron en la Academia de la Policía Local.

Ya a principios de junio, el PP se mostró dispuesto a tomar medidas judiciales y fue el coordinador del grupo municipal, Juan Antonio Fuentes, quien lanzó una preocupante advertencia. Había aparecido en una pared de las dependencias de Huerta del Rasillo, donde tiene su sede la Policía Local, una pintada con el nombre de un agente y, debajo del mismo, una diana.

«Es un policía que estaba el día que el intendente dio el curso donde insultó a María Francés», indicó Fuentes que se refirió a «una caza de brujas en la Policía Local desde que llegó el nuevo equipo de Gobierno».

El incidente no es aislado. Ahora el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía, que se ha sumado a los que han apoyado el nombramiento de Moreno, denuncia otra pintada amenazante. En esta ocasión, va dirigida contra el agente que presentó una querella contra el ex responsable de la Policía Local, José Manuel Avilés, por supuesta prevaricación.

Tras ser admitida a trámite la denuncia, en su taquilla ha aparecido un insulto que ha tenido que ser escrito por otros compañeros pues solo los policías tienen acceso a esta zona. No es la primera amenaza que recibe.

La víctima era delegado sindical cuando, en 2013, fue denunciado por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, entonces en manos del PP, junto a otros diez delegados y treinta y siete agentes más por abandono del servicio entre el 2 y el 5 de enero. La querella no fue admitida pero luego vino un expediente disciplinario pese a estar el denunciante fuera de España esos días.