Absuelven al coronel de la Guardia Civil juzgado por narcotráfico al haber prescrito el delito

El coronel de la Guardia Civil que fue juzgado el pasado mes de julio por narcotráfico ha sido absuelto este martes por la Audiencia de Granada , al haber prescrito el delito contra la salud pública que se le atribuía y no haber quedado debidamente probado el de cohecho . El tribunal sí considera acreditado el delito contra la salud pública atribuido a este coronel.

En el momento de los hechos, el coronel tenía mando en todas las operaciones antidroga de la provincia y que se enfrentaba a una petición fiscal de nueve años y tres meses de prisión y una multa de 6,3 millones de euros. No obstante, la Audiencia no aplica la circunstancia agravante que pedían las acusaciones para evitar la prescripción.

La sala determina que «en efecto acordó» con un confidente «la entrada de droga procedente de Marruecos» en el marco de una operación más amplia en la que el alijo del 2 de mayo de 2006 sería el destinado a ser confiscado por la Guardia Civil. También considera probado un primer desembarco en el que la droga no fue interceptada, lo que impide saber con certeza si alcanzó el peso necesario para apreciar la agravante del delito.

Aunque el citado confidente, que se encuentra fugadao, dijo que en este primer desembarco «entraron 3.500 kilos» y los miembros de la Guardia Civil que observaron el alijo con cámaras térmicas lo cifraron en unos 120 fardos, la Audiencia recuerda que la droga no se interceptó y por tanto sólo se pueden establecer «hipótesis o conjeturas» .

El delito contra la salud pública en cuantía de extrema gravedad que reclamaban las acusaciones tiene fijado un plazo de prescripción de diez años . En cambio, al no estimar acreditada la concurrencia de esa específica «superagravación» (que permitía la imposición de una pena superior), el plazo de prescripción es de cinco años, el cual se ha excedido desde la comisión de los hechos en 2006 hasta la imputación del acusado en 2015.

La acusación ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pidió 13 años de cárcel, 15 años de inhabilitación y el pago de multas que superaban los diez millones de euros, mientras que la defensa solicitó la libre absolución para el coronel, que se declaró inocente en el juicio.