Vimcorsa propone anular los convenios municipales de pisos ocupados en Cordoba

Los servicios jurídico de la empresa municipal Vimcorsa han emitido sendos informes que proponen la anulación de los convenios que vinculan a la empresa con Caixabank y Sareb que sirvieron para que la firma municipal se hiciese cargo del pago del alquiler de pisos ocupados irregularmente. En ambos casos, se trata de acuerdos de largo recorrido que podrían estar vigentes de ocho a diez años si se activasen las prórrogas previstas en su articulado.

Los técnicos de la empresa municipal, que en la actualidad dirige el edil popular Salvador Fuentes, resaltan que los acuerdos tienen problemas de base, de legitimación. Los firmó la anterior presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas , en representación del Ayuntamiento cuando ésta solo correspondía a la exalcaldesa Isabel Ambrosio. Afirman además que se realizaron sin el más somero control de legalidad por parte del letrado asesor de la empresa e incluso dejando constancia expresa de lo irregular del proceder a la urgencia manifestada por la anterior dirección de la empresa.

Entienden los servicios jurídicos que los acuerdos son lesivos para Vimcorsa puesto que prevén el desembolso de unas cantidades elevadas. Aparte de la mensualidad, de unos cien euros de media, Vimcorsa se hace cargo de entregar las vivendas en perfecto estado de revista aunque se entregasen en unas condiciones lamentables. También asumen la totalidad de las obligaciones de un propietario como el pago de seguros o del Impuesto de Bienes Inmuebles. Todo ello se hizo sin una memoria económica para evaluar esta situación.

Afirman los informes que Vimcorsa supeditó la elección de las personas a las que se entregaría el piso en alquiler social a una serie de informes técnicos sobre la situación de las familias. El dictamen entiende que esos documentos nunca se realizaron de forma que las personas que ya estaban en la vivienda irregularmente pasaban a ocuparla de forma legal a consta de la empresa municipal. Los dictámenes expresan también «el nulo seguimiento» realizado sobre las familias , el estado de las casas entregadas o el grado de cumplimiento de las obligaciones. El PSOE ha pedido recientemente la reedición de estos acuerdos e IU ha defendido su gestión en este caso.