La vida bajo vigilancia

«Vivo con la idea de que cualquier día me quita de en medio; no tengo miedo a salir públicamente porque quiero que se sepa quién está detrás; no quiero ser solo una cifra». Con estas escalofriantes palabras, Conchi, una cordobesa víctima de malos tratos, da su nombre sin titubear al otro lado del teléfono. El pasado diciembre un juez le concedió una medida cautelar de protección después de condenar al padre de su hija por vejaciones injustas, pendiente de otro juicio por amenazas de muerte. Vive pegada a un teléfono de un solo botón que vía GPS traslada su localización en caso de emergencia.

En su situación están 187 mujeres en Córdoba, que disponen de este Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (Atempro), según datos de la Subdelegación del Gobierno.

Además, en situación de extremo riesgo estuvieron siete mujeres en Córdoba en el último semestre del pasado año, y otras 35 en el escalón denominado «de alto riesgo». A todas ellas se unen 945 mujeres que cuentan actualmente con protección policial activa en Córdoba. A ellas se suman once agresores que tienen instalados dispositivos telemáticos de control de las órdenes de alejamiento. «Si intentan acercarse a la víctima, que lleva una pulsera de cometa, o quitarse el dispositivo nos salta la alerta y acudimos al lugar de la víctima». Así responde la inspectora Ana Sánchez, del Servicio de Atención a la Mujer (SUM) de la Policía Nacional.

Conchi, enfermera de profesión, en paro, lleva cinco años luchando contra un hombre que le ha dejado en la calle con su hija de 4 años, y todo, asegura por que él sólo quería quedarse con la niña. Para eso firmó poderes que, según Conchi, ahora le ha quitado hasta su casa, pendiente de un juicio por desahucio de su propia ex pareja. «Me sentí como un perro, durmiendo en un coche en la calle, embarazada de mi hija. He sufrido palizas mientras aparecía mi suegra para que renunciase a mi hija y se lo diese todo; como no lo hice quisieron matarme», cuenta. «Comencé a salir con él; era un empresario de casi 50 años y quería un hijo. Yo trabajaba y el dinero lo administraba su madre, además de pagar la vida de lujo de la exnovia. Yo iba de casa al trabajo; no conozco nada de esa ciudad. Él venía y me pedía perdón; pero yo no tenía ni voz ni voto, yo no era persona. Me pegaron una paliza cuatro y se presentó su madre con un papel, que eso no va a nacer y me mandaron al hospital», declara.

Historias con estos tintes le llegan a la Policía Nacional. «La relación tanto con las víctimas como con el Juzgado es estrecha. Las llamadas son diarias. A las víctimas les cuesta contar todo, muchas se avergüenzan y poco a poco se van soltando y piden ayuda. Las mujeres extranjeras sufren aún más porque en su cultura algunos de estos comportamientos violentos están normalizados», cuenta Sánchez. A cada mujer víctima de violencia con protección se le asigna un agente de la Policía Nacional, si es en la capital, Cabra o Lucena y agentes de la Guardia Civil en el resto de la provincia. En el grupo que lidera esta agente, licenciada en Derecho, están un inspector, un oficial y cinco policías, pero con participación de todos los grupos policiales especializados en menores, familia que pronto se unificarán en un solo denominado SAF (Servicio de Atención a la Familia). Lea el reportaje completo en www.kioskoymas.com.