El PSOE, mordido

No me lloren en el PSOE. Desde mucho antes del 24 de junio, fecha de la primera noticia al respecto, había muchas personas en las filas socialistas que sabían que en Guadalquivir Futuro se cobraba impuesto revolucionario. Que se hacía, además, con pleno conocimiento de los mandos del partido y jugando con fuego. A unas organizaciones prácticamente desconocidas en el campo social —si se les compara con entidades como Cruz Roja o Cáritas— que estaban incrementando su peso específico gracias a que hubo quien levantó el teléfono para que entrasen a saco paco en el presupuesto de la Junta de Andalucía, primero, y en cuanto se hubo desalojado al PP de Capitulares y el Palacio de la Merced, en el del Ayuntamiento y la Diputación.

Como algo he indagado sobre esta cuestión, constan en testimonios quién llamó a quién para dar entrada a estas organizaciones —con esa apariencia simulada de diversidad— al erario y qué delegados provinciales, algunos ya en otros destinos, dieron su visto bueno y promovieron los acuerdos con estas organizaciones. La acción social es una de las vías de propaganda más antigua de la historia y, en este caso, el PSOE quería tener su propia Manos Unidas en la zona Sur de Córdoba, que es un caladero respetable de votos para la izquierda.

En este caso, se buscaba el peronismo de baja intensidad con retorno electoral. Evita y los descamisados, ya saben. Reuniones para rellenar a quien no sabe leer ni escribir los papeles para optar a un trabajo de Sadeco —ay, Pedro García, lo que te han estado colando—, contratitos de esos que se agradecen cada cuatro años, acceso a ayudas públicas a los que se tiene derecho se vote a quien se vote. «Recordad que este trabajo se lo debéis al PSOE», según contaron los compañeros de Radio Córdoba que se decía a quien disfrutaba de un empleo. Ese tufo partidista extremo de quien cree y hace que creer que el partido lo es todo. Que da la vida, el trabajo, las habilidades sociales. El futuro incluso.

La punta del asunto consiste en la mendaz práctica, ahora contrastada, de quedarse con una parte de los contratos públicos. La parte nuclear de la cuestión es cómo es posible que una organización tan pequeña sea capaz de manejar tanto dinero público a la vez. Más de medio millón de euros (casi cien millones de pesetas, han escuchado bien) en lo que llevamos de 2016. Sin contar aquellas fuentes de ingresos que no proceden de subvenciones sino de aportaciones privadas tras llamada telefónica o contratillos menores para reparaciones en edificios, públicos por supuesto. Existe por ahí una contabilidad bastante detallada que permite conocer quién contrató esos servicios.

La decisión del consejero Sánchez Maldonado, siendo dura, es lo mínimo que se despacha en botica para actos tan bochornosos. Sometidos, además, a un régimen garantista de alegaciones, recursos y un largo pleito ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por un fraude de subvenciones, si no recuerdo mal, se presentó la Guardia Civil en la casa de la exalcaldesa de Peñarroya. Por menos, hay gente empapelada por lo penal. En concreto, por distraer la pasta y por una vulneración más que evidente de los derechos laborales. Dice el Código que «serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual». La Justicia funciona fenómeno. Enhorabuena a los premiados.

El PSOE ha salido mordido, sí. Y ya busca algún tonto al que colgarle el mochuelo porque en esta perra vida no hay amigos. Ténganle una pena relativa. Estas cosas nunca acaban del todo y los socialistas están padeciendo precisamente lo que han incentivado. Peor lo tienen los trabajadores que pagaron las mordidas o quien ni siquiera pudo hacerlo porque fue despedido por negarse al chanchullo. Llevan semanas intentando encontrar un abogado que les cobre poco para reclamar lo que es suyo. En la Junta le han dicho que si quieren el dinero, que se vayan al juzgado. Perra vida.