La municipalización de la plantilla de ayuda a domicilio en Córdoba se topa con la prohibición del Gobierno

Una disposición adicional del proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 2017 que pone fin a un debate abierto en Córdoba. Si el texto se aprueba tal y como está, será ilegal que los empleados de contratas de las administraciones pasen a formar parte de las instituciones cuando concluya el contrato de la empresa que les paga. Se trata de la situación en la que se encuentra el personal de Clece, la empresa que presta desde su creación el servicio de ayuda a domicilio, oficialmente una responsabilidad municipal pero que se paga con dinero de la Junta.

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de crear una comisión de estudio sobre cómo se ha de prestar el servicio tras las denuncias sindicales y de IU o Ganemos de los bajos salarios que perciben las trabajadoras.

El planteamiento de estos grupos de izquierda es que el Consistorio dé directamente el servicio pero asumiendo las más de 600 trabajadoras que se hacen cargo de los cuidados con la promesa de un mejor salario, fijado actualmente por un convenio del sector.

Sobre el contenido de la disposición adicional vigésimo séptima, el proyecto de ley de las cuentas del Estado no deja lugar a la interpretación. Asegura que «no se podrá considerar como empleados públicos» de ninguna de las cuatro categorías posibles (funcionario, laboral, interino o temporal) «a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas (...) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio».

Si esa disposición adicional sale adelante, las empleadas de Clece (o de cualquier otra empresa en sus circunstancias) nunca podrían formar parte de la plantilla de ninguna entidad ligada al derecho público. Tampoco, ningún caso análogo de servicios actualmente prestados por empresas privadas en régimen de concesión que, por razones de índole política o de conveniencia económica, pasasen a formar parte de las instituciones.

Solo hay una salida para que las personas que actualmente trabajan en este servicio fuesen las mismas personas en un eventual organismo municipal dedicado a esta materia. La disposición adicional asegura que tendrían que pasar por unas oposiciones (o por el sistema arbitrado que respetase los principios de mérito, capacidad y publicidad) o en cumplimiento de sentencia entren a formar parte de una plantilla pública.

El problema radica en que en esas circunstancias se le aplicaría la tasa de reposición de nuevo ingreso. Es decir, solo se podría contratar a un porcentaje muy pequeño de las personas que se han jubilado dejando la plaza vacante restando otras contrataciones de la plantilla municipal. La disposición, en este sentido, está pensada para que siempre se tengan que convocar unas oposiciones. Ayuntamientos como el de Zaragoza ya han dicho que, con ese texto encima de la mesa, municipalizar servicios es imposible.

El servicio de ayuda a domicilio trae de cabeza al cogobierno PSOE-IU sumido en una serie de discrepancias por la duración del nuevo contrato que, previsiblemente, va a retrasar su aprobación.