La Mezquita de Córdoba genera un torrente de informes perfectamente inútiles

Nunca los redactores de informes estuvieron tan ocupados como en los últimos años en los que la polémica sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral ha pasado a primera línea informativa. La realidad es que todo ese esfuerzo y todo ese papel no han servido específicamente para nada. Las horas que se han dedicado en buscar argumentos nunca sirvieron para gran cosa.

El primero de los documentos oficiales es probablemente el más relevante. Lo emitió el Ministerio de Hacienda en tiempos de Cristóbal Montoro . Aseguraba que la Mezquita nunca había formado parte del patrimonio del Estado y que no existían argumentos suficientes como para una reclamación legal.

El caso de la Junta es peculiar. El Gobierno del PSOE dijo que se iba a hacer un informe que, según el actual Ejecutivo, nunca se llegó a escribir . Se efectuaron consultas con los juristas de la casa pero que no llegaron a nada porque la opinión que se encontraron los políticos que querían encargarlo es que daba la razón a la Iglesia. En aquellas condiciones políticas, se optó por no tocarlo.

El caso de la Junta de Andalucía tiene una derivada parlamentaria. Los letrados del Parlamento autonómico tuvieron que parar a golpe de dictamen, con Juan Pablo Durán de presidente, una iniciativa para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Se trata de una figura que tiene unos plazos que se habían sobrepasado por décadas. Extraoficialmente, un experto ligado a la Junta sí que publicó una propuesta legal para reclamar la titularidad de la Mezquita en una revista especializada de Derecho .

El caso más peculiar es el del Ayuntamiento que ha emitido también informes. Ni más ni menos que tres. El secretario general del Consistorio aseguró que la institución municipal estaba perfectamente legitimada apelando a una supuesta propiedad universal del monumento, un concepto que dejó a los expertos en Derecho de propiedad de pasta boniato. La Asesoría Jurídica puso orden en el asunto y aseguró que de ninguna manera eso era posible. Por último, el grupo de expertos comandado por Mayor Zaragoza aseguró que era pública pero no exactamente municipal dejando en el aire qué parte del Estado estaba legitimada para actuar.

Tanto informe especializado, al que hay que sumarle todos los expertos a los que la Iglesia ha consultado, ha tenido las mismas consecuencias: ninguna .