Tribunales
Un juzgado de Córdoba decidirá sobre los 20 millones que Aena reclama al Ayuntamiento por el aerpuerto
La Audiencia Nacional se declara incompetente del pleito sobre las expropiaciones y reforma del aeródromo
Vuelta a empezar. Un juzgado de lo contencioso administrativo de Córdoba dirimirá si el Ayuntamiento de Córdoba tiene que pagar, o no, 20 millones de euros a AENA como consecuencia de la parte del convenio de colaboración para la reforma del aeropuerto que el Consistorio decidió directamente no abonar en 2019.
El caso recayó en primera instancia en la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional . El órgano jurisdiccional entendió, una vez estudiados los requisitos formales del asunto, que no puede entrar en el fondo del asunto porque ni siquiera es competente. El asunto se ha tenido que repartir ya entre los juzgados de Córdoba.
El pago, o no, de 20 millones de euros es la mayor amenaza que se cierne sobre la economía de la ciudad. Se trata de una cantidad similar a lo que el Consistorio va a entregar al Ministerio de Defensa como consecuencia de la construcción de la Base Militar Logística y que ha obligado a pedir un crédito extraordinario de 52 millones (dado que también se financiarán las inversiones del año).
El asunto viene de la decisión del gobierno de Rosa Aguilar de participar en la financiación de las expropiaciones para aumentar la longitud de la pista del aeropuerto, una medida que se adoptó entre fuertes presiones a la interventora y la secretaria general de la época. El convenio nunca estableció una cifra sino que se limitó a abordar un porcentaje de las necesidades de suelo.
Los terrenos, muchos de ellos ocupados por parcelas, se pagaron a tales cantidades que el procedimiento de expropiación se disparó. La parte municipal son quince millones más cinco de intereses de demora con el cálculo realizado.
Desde que acabó la obra del aeropuerto, Aena ha intentado cobrar el convenio y los sucesivos gobiernos municipales han hecho lo posible por no pagar. El proyecto de reforma del aeropuerto nunca se llegó a completar tal y como fue concebido, los vuelos nunca llegaron y las obras que se ejecutaron fueron apenas una fracción de las programadas.
El no municipal, oficial y definitivo, se adoptó en Junta de Gobierno Local del año 2019 ya con José María Bellido como alcalde. El Ayuntamiento elaboró una tesis jurídica en la que manifestaba que el convenio inicial nunca fue desarrollado en acuerdos ejecutivos por lo que los actos posteriores son nulos.
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