El interventor de Córdoba tampoco «sospechó» nada «ilícito en los cursos de formación»

El interventor de la Junta en la provincia de Córdoba, Antonio Escudero Miralles, ha declarado este martes como testigo ante la juez María Núñez Bolaños dentro de la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación, y en concreto dentro de la pieza separada que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y ha asegurado que al examinar los expedientes de los cursos «no sospechó que se estuviera haciendo algo ilícito o de gravedad».

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el interventor de la Junta en la provincia de Córdoba ha seguido la misma línea que el resto de interventores que han comparecido ante la magistrada y ha puesto de manifiesto que, para él, «sería de gravedad por ejemplo no tener el informe de auditoría, y todos los tenían», ha afirmado.

«Una carga de trabajo enorme»

Tras aseverar que «no puso ningún reparo» a los expedientes de los cursos porque entendió que «eran correctos», el interventor ha reconocido a preguntas del abogado de la Junta de Andalucía que, en su informe, «hace un juicio de valor que quizás no sea lo adecuado», aunque ha esgrimido que, con la carga de trabajo y el personal disponible, «no se considera especialmente cualificado para hacer ese tipo de informe, ni por su cualificación profesional ni por su nivel de disponibilidad, por la carga de trabajo enorme que tienen».

También ha declarado que «no puede decir» que el órgano gestor, en relación al SAE, «le estuviera engañando o sustrayendo información en la emisión de la certificación» de los cursos, aunque esta «es una cuestión de apreciación, entrando en el terreno de la subjetividad», añadiendo que «en algunos casos el error de la valoración estaba en los auditores, en otros en cuanto al compromiso de contratación se valoró por el órgano gestor como un compromiso no fundamental, a diferencia de lo que cree el declarante».