El Íbex funcionario

La camisa a cuadros o la americana entallada y posmoderna dan mucho menos miedo que el traje caro envolviendo la tripa oronda de buenas comidas y la chistera alegórica del dinero que conspira. Nadie se va a asustar de una simple pancarta con siglas de sindicato, pero sí habrá quien sueñe conversaciones sin escrúpulos en sala discreta de restaurante exclusivo, entre el humo de los puros y el vapor de los brandys que valen lo que el sueldo de una semana para cualquiera. La izquierda patanegra y sus altavoces han pintado en los últimos años un mundo de marionetas movidas por los hilos de los poderosos, que no son los que se eligen en las urnas, sino los dueños de las empresas fuertes, las que manejan a los políticos a su antojo e inclinan a su lado la balanza de las decisiones, pero siempre sin moverse de la sombra siniestra del reservado, el despacho en planta altísima y la cita blindada.

La teoría funciona bien por ser tan maniquea como victimista. Uno dice que las empresas del Íbex 35 han guisado a su antojo el cocido de que el PSOE facilitase la investidura de Rajoy y tiene una historia perfecta, con empresas que mandan sobre la supuesta democracia, ricos tomando a su favor decisiones que perjudican a todos y la indignación de que ir a votar no sirve en realidad más que para apuntalar un decorado hueco. El relato es tan perfecto que no hace falta pensar en que gracias a las empresas que forman parte del famoso índice tienen trabajo 1,7 millones de personas y no sólo en España, ni reparar en que quizá de su actividad económica venga una buena parte del sueldo de cualquiera. Incluso del que no se sepa ni una sola de las firmas que están en el club, aunque le pague a alguna el seguro del coche o tenga la nómina domiciliada en otra.

Hay historias que pueden tener más de verdad, pero funcionan peor. No tienen los arquetipos del cuento clásico, no hay buenos oprimidos ni malos con látigo ni peste a azufre, pero cuentan una fábula parecida donde el poder se postra ante un grupo privilegiado, las decisiones de cargos electos se tiñen de miedo ante las consecuencias y las leyes que tienen que cumplir los demás ciudadanos se vuelven laxas ante un grupo concreto. Sin reuniones en la clase club del AVE ni limusinas con lunas tintadas, pero con ardides de tahúr y modos de pícaro, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado quitar a sus funcionarios media hora de trabajo al día. Lo han llamado margen de tolerancia y supondrá que podrán llegar un cuarto de hora después y salir quince minutos antes. Lo han aprobado el PSOE, Ganemos e Izquierda Unida, pero la oposición de los demás ha consistido en una escurridiza abstención, que no quite muchos votos de funcionarios dentro de dos años y medio.

No hacen falta conspiraciones extrañas en una ciudad sin fábricas y con pocas empresas. Entre el Ayuntamiento y sus empresas trabajan 3.000 personas, y sus votos y los de sus familias hacen casi dos concejales. Los sindicatos, tal vez otro Íbex 35 al que nadie ha pintado rabo ni tridente, se encargan de una feroz campaña de propaganda y de repercusión de los servicios públicos en los ciudadanos que rara vez se iba a permitir en ninguna empresa. Mientras seis millones de personas estaban en paro, todavía hubo quien elogió su sacrificio de trabajar más, que será verdad, pero sigue sin haber Gobierno ni partido capaz de acabar con el relajado desayuno con paseíto.