Gestores de Laboratorios Pérez Giménez usaron subvenciones para justificar otras

Usaban dinero de unas ayudas públicas para justificar otras anteriores duplicando decenas de facturas (hasta setenta). Éste era el proceder de los gestores de Laboratorios Pérez Giménez que tomaron las riendas de la farmacéutica tras la venta en julio de 2010 por parte de la familia propietaria y fundadora a Tecris.

Las diligencias abiertas por la Fiscalía para investigar una presunta «gestión desleal» de la industria, como avanzó ayer ABC, incluye entre otros tipos ilícitos un presunto fraude en subvención pública relacionado de modo directo con esta práctica.

Entre 2007 y 2011 -el periodo temporal no está acotado con precisión ni por los propios administradores concursales-, Laboratorios Pérez Giménez percibió de la Junta de Andalucía (la agencia IDEA en gran medida) un paquete de seis ayudas públicas repartidas en dos expedientes: uno de 9 millones de euros para la construcción de la nueva planta en Almodóvar y la contratación de trabajadores, y otra de 4,6 millones para la instalación de un sistema automático de preparación de pedidos y gestión de almacén.

Según fuentes conocedoras de los hechos y consultadas por ABC, la gran mayoría de estas ayudas fueron solicitadas por la familia Pérez Giménez pero luego tuvieron el sello gestor de Tecris (el fallecido José Enrique Rosendo y Jacinto Romeu, principalmente) y luego de Sergio Martínez y la exsenadora socialista Encarnación Ibáñez (que controlaron la empresa tras la ficticia ampliación de capital de 2011).

Facturas duplicadas

Los auditores supervisaron la primera remesa de incentivos. En la segunda, el trabajo se repartió en dos auditoras con dispar resultado (una sólo alcanzó a justificar el 54% de las ayudas). Sin embargo, cuando le tocó a la Junta de Andalucía hacer la comprobación, ésta detectó que el 83 por ciento de los 4,6 millones devengados en el segundo expediente (3,8 millones) se había utilizado para justificar la primera subvención de 9 millones, tal y como se recoge en la documentación que ya investiga el Ministerio Público.

Es más, la propia Administración Concursal verificó mediante el cruce de información justificada en ambos expedientes una serie de partidas duplicadas que sirvieron para llevar a cabo la percepción incorrecta de las ayudas. En concreto, en la documentación a la que ha tenido acceso ABC, consta un largo listado de hasta 70 facturas que son las que ya se presentaron para certificar la primera ayuda de 9 millones. En la gran mayoría de los casos, servicios de empresas auxiliares o afines al sector farmacéutico.

Estas circunstancias llevaron a la Junta de Andalucía a decretar el reintegro de ambas ayudas al no cumplirse algunos de los requisitos por los que se concedieron. La cantidad a reintegrar se elevó a algo más de 13 millones de euros. Sumando los intereses de demora, la cantidad se elevaba hace un año -fecha en la que se entregó el informe concursal por los administradores- a 16,8 millones de euros que aún no han sido, obviamente, pagados.