La Fundación Guadalquivir ya tiene dos denuncias en los juzgados por las mordidas a planes de desempleo

La denuncia presentada el jueves por el grupo parlamentario andaluz de Podemos para que se investigue por la vía penal el caso de las mordidas a desempleados contratados por un programa para sacar a personas de la situación del paro no es la única que hay sobre la mesa. La titular del juzgado de instrucción número ocho de la capital tiene también el escrito y el material probatorio presentado por dos antiguos trabajadores que tuvieron que pagar una parte de su salario durante la primera mitad del año 2015. Las diligencias tienen el número de registro 2492/16 y, éstas sí, constituyen la primera iniciativa penal presentada por afectados por los hechos acontecidos en Guadalquivir Futuro y las organizaciones afines al PSOE en la zona Sur de la capital, al menos, entre 2015 y 2016.

Se encuentran pendientes de admisión a trámite (una cuestión formal que solo se niega cuando la denuncia no tiene ninguna base fáctica).

La presentación de la denuncia del grupo parlamentario de Podemos debe tener, según fuentes jurídicas consultadas, una consecuencia técnica. Dado que se trata de asuntos conectados, en el caso de que se produzca la admisión a trámite, Instrucción 8 sería el juzgado que llevaría ambos asuntos -y los que llegasen en un futuro- de forma acumulada. Se trata de una medida procesal para evitar la dispersión de asuntos que, en realidad, comparten una misma base de hechos.

La denuncia presentada por extrabajadores de las entidades afines al PSOE es más concreta que la presentada por el grupo parlamentario de Podemos por una razón. Solo se dirige contra la asociación Jóvenes hacia el Futuro y su presidente, el secretario general de las Juventudes Socialistas de la capital, Cristian Menacho. En aquella edición del Emple@ solamente esta entidad resultó beneficiaria por problemas administrativos con la fundación Guadalquivir Futuro, que no disponía de una documentación en regla para recibir ayudas. Los empleados han relatado que el dinero se le entregaba en metálico y que las mordidas se descontaban directamente en billetes. De hecho, existen constancias de solicitudes de los empleados para percibir sus nóminas de esa manera, documentos que se utilizaban como cobertura de la situación legal de la organización.

Estos trabajadores han declarado en instancias administrativas que no había una exacción proporcional. Todos pagaban 500 euros fijos al mes de su salario sobre unos máximos que podían llegar a los 1.600 y unos mínimos que superaban los 1.100 euros. Para que el juzgado inicie la investigación correspondiente han presentado otro tipo de documentos como conversaciones internas donde se queda con un directivo de la entidad para efectuar el pago.

La denuncia de estos extrabajadores se ciñe a la gestión de las subvenciones y a la derivada del daño patrimonial que se le hizo a los trabajadores, personas que salían de una larga situación en el desempleo y que, aseguran, pagaron porque no había otro remedio si se quería trabajar. No aprecia, en contra de lo establecido por el grupo parlamentario de Podemos, un presunto delito de financiación irregular de partidos políticos.