Hacienda empieza a embargar a Rabanales 21 por deudas de 2012 y ante la falta de plan de viabilidad

La extrañísima situación en la que ha quedado Rabanales 21, que sigue pendiendo de la cuerda floja pese a haber salido del preconcurso de acreedores, está empezando a tener consecuencias. La primera es que han comenzado los embargos por impagos ante una realidad constatable. La salida de la situación de insolvencia no ha ido acompañada, de momento, con un plan de viabilidad estructurado para salir de la crisis. Los socios conocieron el proyecto y llegaron a darle su visto bueno inicial. Sin embargo, el documento nunca ha sido elevado de forma oficial.

La Agencia Tributaria es la primera entidad que ha decidido trabar embargo de un bien de Rabanales 21 que se tenga conocimiento. Según la información a la que ha tenido acceso ABC, el órgano recaudador del Estado ha realizado una anotación de embargo sobre uno de los tres edificios propiedad del tecnoparque, llamado Orión. Actualmente, es la sede de una sola empresa que es tremendamente puntera en el sector de la biotecnología.

La firma se llama Canvax Biotech y es una de las empresas más relevantes implantadas en Andalucía. La patente de una proteína que ayudaría a detectar tumores, un compuesto para tratar problemas neurológicos y retrasar el envejecimiento y un fármaco contra el cáncer, entre otras líneas de investigación. Factura seis millones al año, según su cuenta de resultados.

Obligaciones financieras

El edificio Orión está embargado por la Agencia Tributaria porque Rabanales 21 no ha cumplido sus obligaciones financieras con el Estado, que no es accionista. El Ministerio de Economía, a lo largo de los años, ha prestado dinero a Rabanales 21 por valor de casi cinco millones que han de devolverse. Hasta el momento, el Gobierno -bien a instancia propia, bien a petición de políticos cordobeses del PSOE y el PP- ha venido retrasando la toma de decisiones sobre una deuda que empieza a estar vencida. Casi dos millones de euros de estas cantidades se encuentran ya en zona de riesgo.

Según los datos recabados por este periódico, la Agencia Tributaria ha tomado las medidas sobre el edificio Orión por un valor de 222.000 euros. El Ministerio de Ciencia y Tecnología realizó una aportación de 1,2 millones de euros con el objetivo de financiar la mayor parte de estos trabajos. La licitación final se produjo por 1,4 millones de euros al sumarle los impuestos al presupuesto que sí quedaba protegido bajo el paraguas de la aportación institucional.

Un aspecto relevante es las fechas. Según los datos recabados por este periódico, la orden sale de la Agencia Tributaria el 16 de junio de este mismo año y queda formalmente registrada pocos días después, el 21 de este mismo mes. El nueve de junio fue el último consejo de administración que decidió salir del preconcurso de acreedores sin establecer un plan de futuro ante la ausencia de compromiso para una ampliación de capital social donde la Junta tenía que correr con la mayor parte de las aportaciones. En ese plan de viabilidad se contaba con un préstamo de La Caixa, precisamente, para hacer frente a los vencimientos de deuda del Gobierno que también parece haberse caído de la agenda.