El dislate municipal

Si no hay final bueno, el del Consorcio Local de Turismo está siendo el peor. El Ayuntamiento de Córdoba se ha enredado en una polémica que tiene enfrentados a distintos departamentos de la casa por saber cuál es la forma en la que el órgano municipal ha de integrarse en la estructura de la casa común toda vez que ya no es posible mantener el antiguo sistema por el cual los empresarios tenían un enorme poder de decisión a costa de no contribuir a las arcas de la organización. El Consistorio prepara, como es sabido, un nuevo instituto público, similar a la Gerencia de Urbanismo, lo que obliga, primero, a asumir los activos y pasivos del Consorcio en la entidad matriz para llegar, en segunda instancia, a esa nueva organización externa de las políticas turísticas.

La institución municipal tiene ya cierta experiencia en la desaparición de entidades satélite. La Fundación Córdoba Ciudad Cultural fue eliminada del organigrama una vez que la ciudad no consiguió un objetivo satisfactorio en la competición de la Capitalidad Cultural y sus trabajadores despedidos. En Procórdoba, se optó por asumir tanto los activos (suelo) como el pasivo (una deuda abultada) y los empleados pasaron a la Gerencia de Urbanismo. Una sentencia reciente obliga a reconocerles los emolumentos como personal municipal. Estaban percibiendo sus salarios de acuerdo al convenio de la construcción.

En torno al Consorcio de Turismo se ha montado un llamativo cruce de informes que tiene mucho de hojarasca, algo de enfrentamientos personales y cuarto y mitad del criterio de un mandarín municipal de nuevo cuño, llegado con el PSOE a la casa y que le va a traer severos dolores de cabeza a quien lo nombró. Detrás de tanto informe y tanta pamplina, lo que hay detrás es si los trabajadores del Consorcio pasan o no a la nómina municipal y bajo qué consideración. Podríamos empezar a centrar el debate en sus justos términos.

Para entenderse, hay dos grandes corrientes. Los empleados del Consorcio, dicen los papeles, no accedieron a su puesto de trabajo de una manera ortodoxa, o al menos buena parte de ellos. El Consorcio contrataba para la realización de programas y los empleados se quedaban en la estructura concatenando contratos. Parte del gobierno municipal dice que, en fin, así es la vida. Otra parte -con fuertes presiones sindicales, por cierto- no quiere consolidar la situación de estos trabajadores ni pagarle como al resto de funcionarios y empleados públicos. «Ya vale» es el mensaje de algunos sindicatos cuando se le plantea que la plantilla municipal pata negra se vea incrementada por más personas llegadas por vías que no son las de las oposiciones tradicionales. A cambio, estaría bien precisar dos cuestiones: la plantilla del Consorcio de Turismo tiene unas condiciones muy muy por debajo del personal municipal y su situación no es, ni de broma, única.

Esta es la clave del dislate. Si se hace una lista de los empleados municipales que no han entrado por las vías canónicas, da para un largo etcétera. Entidades completas del sector municipal son operativas, precisamente, por la presencia de un grupo de puestos de trabajo que los sucesivos gobiernos -éste incluido- se niegan a regularizar. El ejemplo más conocido es el de la Gerencia de Urbanismo pero no es, ni de lejos, el único. Si el criterio se ha vuelto puntilloso, bienvenido sea. Pero para todos, oiga, para todos.

La disparatada gestión de todo este asunto ha derivado a una tensión y un sufrimiento innecesario para un grupo de personas que no tienen culpa alguna de lo que ha sucedido a su alrededor. Y la cuestión no es solamente técnica sino, como en tantas otras cuestiones, de gestión. Los dos partidos del gobierno, PSOE e Izquierda Unida, han generado este intercambio de informes y amenazas para solventar lo que tendrían que haber dilucidado con asesoramiento técnico pero, sobre todo, con el criterio político de no iniciar un camino sin saber dónde quiere llegar.